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Tamara Suju denuncia desnudamientos, agresiones y robos a presos políticos el pasado #22Dic

La abogada en DD. HH. denunció que el pasado 22 de diciembre un grupo de 200 funcionarios "con capucha y armas blancas" entró de forma violenta al sótano del Dgcim en Boleíta, Caracas, lugar donde habrían sido cometidas las supuestas torturas

Desnudamientos, agresiones, robos. Presuntos crímenes de lesa humanidad podrían llevarse a cabo en cárceles venezolanas sin la correspondiente acción del Estado.

La abogada en DD. HH., Tamara Suju, denunció que el pasado 22 de diciembre un grupo de 200 funcionarios "con capucha y armas blancas" entró de forma violenta al sótano de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas, donde hay un número indeterminado de supuestos presos políticos.

Dicha información habría sido transmitida por la abogada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), de quien se solicitan acciones urgente.

Los sacaron de sus celdas agrediéndolos verbalmente, algunos fueron desnudados humillándolos de esta manera, les robaron todas sus pertenencias"; objetos como ropa, objetos personales, libros, biblia y medicamentos serían parte de lo extraído.

Precisó que estos artículos los "necesitan de forma permanente y urgente. Sus familias les llevan con mucho sacrificio".

Suju indicó que también envió un comunicado a la Corte Penal Internacional (CPI) y a su fiscal Karim Khan, "para denunciar que la tortura y violencia sexual (desnudamiento) contra los presos políticos del DGCIM continúa".

El régimen viola cualquier acuerdo de negociación Violentando a los Presos Políticos", detalló la activista.

En su comunicado publicado a través de X/Twitter, solicitó la acción urgente y ratificación de la medida cautelar que el Instituto Casla (defensora de los DD. HH.) llevó ante la CIDH, donde se solicita al Estado venezolano "adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas que se encuentran privadas de la libertad en la Dgcim".

También se solicita que el mismo "asegure que las condiciones de detención de los beneficiarios se ajusten a los estándares internacionales aplicables".

Con el fin de verificar las circunstancias en que se encuentran los beneficiarios, el Estado debe facilitar el acceso a sus representantes legales y a sus visitas familiares de conformidad con los estándares aplicables; e investigue los hechos alegados que dieron origen a la presente resolución para así evitar su repetición", es parte de la solicitud del Instituto Casla.

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