Referendo sobre el Esequibo ofrece “cartas blancas” al Gobierno en materia de responsabilidades

La controversia por el Esequibo parece no tener fin. Desde el anuncio del referendo consultivo sobre ese territorio, a realizarse el próximo 3 de diciembre, paradójicamente han prevalecido en los últimos días las posturas favorables a ir a votar.

No obstante, especialistas en el tema han colocado lupas a dos de las preguntas del referendo. Y a la pertinencia de defender Venezuela, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), su posición histórica sobre esa zona situada al oriente de la nación.

Uno de esos expertos es Lauren Caballero, internacionalista, con especialidad en Ciencias de Gobierno, Política Internacional y Democracia. Él opina que el Gobierno venezolano debe acudir a la CIJ, para presentar sus argumentos en relación con sus derechos sobre el Esequibo. Y formula ese alegato porque hace referencia a los títulos que posee Venezuela, que certifican la pertenencia de ese territorio al país.

Venezuela parece que no está haciendo absolutamente nada para llevar a la Corte la posición del país en defensa de nuestros intereses históricos y de nuestra posición, que es más argumentada desde el punto de vista documental, jurídico, de los mapas y de los títulos”, aseveró.

En entrevista a través del programa Argumentos, por Globovisión, Caballero se refirió además al referendo consultivo sobre el Esequibo, zona en litigio a lo largo de dos siglos y medio con Gran Bretaña, primero, y con Guyana, en la actualidad.

En concreto, hizo una exposición sobre la pregunta 3, que se refiere a la “posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la CIJ, para resolver esa controversia territorial”.

Si los venezolanos responden sí a esa pregunta número 3, le están dando al Gobierno un cheque en blanco para que no asista a defender nuestros derechos ante la CIJ, y por consiguiente la responsabilidad de no asistir allí ya no sería del Gobierno sino de quienes votemos afirmativamente allí”, razonó.

“Si el Gobierno (…) no va y defiende en esa corte, con todos los elementos que tenemos de convicción, que ese territorio es nuestro, simple y sencillamente podemos darlo por prácticamente perdido, y (también) la fachada atlántica (…) que hoy no está delimitada pero es nada más y nada menos que la proyección que este territorio le brinda en el océano Atlántico a Venezuela”, añadió.

La sentencia que emita la CIJ, el resultado de las deliberaciones de esa corte, será vinculante para Venezuela, será cosa juzgada y no hay manera de apelarlo, es una decisión absolutamente definitiva, advirtió el especialista.

Por eso cree que Venezuela ha asumido una posición “lamentablemente muy débil”, con respecto a la defensa que debe realizar el Estado sobre esa zona en reclamación, que llegó a aparecer en libros con rayas atravesadas en los mapas del país.

Este Gobierno tiene la responsabilidad de armar una defensa lo suficientemente sólida, blindada, como para garantizar que Venezuela salga mejor parada de ese juicio y no correr la arruga diciendo que la Corte es un instrumento imperial, porque nos quieren robar el territorio o excusarnos en los laudos en los que perdimos en el pasado, eso es irresponsable”, señaló.

Venezuela, agrega el internacionalista, cuenta con un grupo de juristas expertos en derecho internacional, en historia, que conocen este tema en profundidad, porque se han dedicado toda su vida a estudiar este diferendo, “esta situación de despojo, de crimen que se cometió contra el país”, pero “no los han tomado en cuenta”.

Decisión de cada uno

A su juicio, la administración del presidente Nicolás Maduro “pretende escurrir el bulto de esa responsabilidad, mediante el referendo que están planteando (…) yo no voy a decir si hay que votar o no votar, quedará a decisión de cada uno de los venezolanos”.

Caballero considera que quienes participen en el referendo deben estar conscientes sobre el tema que se está consultando.

Eso no se la ha explicado al país, qué significa cada una de las preguntas que se está haciendo ahí, cuál es la relevancia de cada una de ellas y por qué responder de manera positiva o negativa, o por qué abstenernos, en todo caso”, apuntó.

Reitera que es responsabilidad del Gobierno, “no de los ciudadanos”, garantizar la integridad territorial del país, tal como lo establece el artículo 328 de la Constitución Nacional. Quien está facultado para esa función es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), indica, con base en ese artículo.

La pregunta 5

Caballero también objetó la pregunta 5 del referendo, que versa sobre la creación del estado Guayana Esequiba y el otorgamiento a sus habitantes de cédula de identidad venezolana.

Lo preocupante de esta pregunta es que coloca a Venezuela en una situación en la que, de ejercer cierto tipo de acciones sobre ese territorio, la comunidad internacional lo podría interpretar como un acto de agresión nuestro contra un estado soberano”, explicó.

Lamentó que por el Laudo Arbitral de París, de 1899, esa zona está administrada por Guyana, y parte importante de la comunidad internacional reconoce ese territorio como parte de ese país. “Si nosotros actuamos allí por la vía de los hechos, estaríamos cometiendo, probablemente, un acto de agresión”, recalcó.

Caballero puntualizó, en relación con esta interrogante, que se estaría otorgando al Gobierno “un segundo cheque en blanco para cometer acciones ilegales desde todo punto de vista, en especial desde el punto de vista del derecho internacional”, en un territorio que Venezuela no administró de manera soberana, dado el mencionado laudo arbitral firmado en la capital francesa hace más de un siglo.

Referendo no debería derivar en mandato

El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y exembajador de Venezuela ante la Unión Europea (UE), Alejandro Fleming, habló sobre lo expuesto por Caballero, al manifestar que la consulta del 3 de diciembre “se trata de un referendo consultivo”.

En principio, no debería derivar en un mandato. Es referencial, aunque tenga repercusiones políticas y pueda ser aprovechado por Guyana para desacreditar al país, como ya lo está haciendo”, dijo a través de la red social X.

Piensa Fleming que Venezuela cuenta con todos los argumentos para defenderse en la CIJ. “El territorio es nuestro porque tenemos los títulos, no por capricho”, remarcó.

“Además, se puede demostrar la nulidad del laudo sin dificultad. Las violaciones al derecho vigente en aquel entonces fueron flagrantes. Tanto, que Gran Bretaña se sentó a negociar el Acuerdo de Ginebra”, adujo.

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