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Voracidad fiscal en San Francisco baja las santamarías de 150 empresas

Desde la actual administración municipal se han producido los cierres. Los proveedores comerciales advierten que la Alcaldía sureña debe apegarse a la Constitución y a las leyes y no cobrar "impuestos confiscatorios". Aseguran que los obligan a pagar más del doble

Más de 150 empresas bajaron sus santamarías en el municipio San Francisco, por la "voracidad fiscal" y un cobro de impuestos considerado confiscatorio. Así lo aseguraron en Versión Final el director del Comité de Defensa de los Comerciantes de esa localidad sureña, William Ramos, y el abogado Fernando José Gómez, consultor jurídico de esa organización gremial.

Ramos y Gómez precisaron que el cierre de esa cantidad de empresas se ha producido desde que Gustavo Fernández asumió como alcalde, en diciembre de 2021.

El consultor jurídico del comité de los comerciantes de San Francisco refirió que el artículo 317 de la Constitución Nacional establece que "ningún tributo puede tener efecto confiscatorio", y por ello argumentó que la Alcaldía de ese municipio está infringiendo la ley.

Apunta que desde la Municipalidad de San Francisco se han dado a la tarea de crear unos cobros que se sustentan en ordenanzas procedentes del periodo anterior que rigió el entonces alcalde Dirwins Arrieta, ordenanzas que “eran confiscatorias”.

Añadió Gómez que en 2019 se produjo una acción de amparo contra los cobros confiscatorios, y llevaron un escrito ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La Sala Constitucional del TSJ, en sentencia 118, de fecha 18 de agosto de 2020, ordenó a los alcaldes suscriptores del Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal "proceder en el lapso de 30 días continuos siguientes a adecuar sus ordenanzas municipales relativas a los tipos impositivos y a la alícuota de los tributos inherentes a las Actividades Económicas, de Industria y Comercio e índole similar y los atinentes a Inmuebles Urbanos y Periurbanos, a los parámetros establecidos en el acuerdo".

Al esbozar Gómez lo establecido en ese acuerdo de Armonización Tributaria, apuntó que ese precepto legal tiene unas tablas, donde se establece entre un 0,25 y un dos por ciento el cobro del impuesto de actividades económicas por concepto de ventas brutas.

Sin embargo, desde la Alcaldía de San Francisco cobran más del doble, por lo que "entra en desacato", afirma el consultor jurídico.

Se refirió a la creación de unas "contribuciones" que el Ejecutivo municipal sureño cobra, en lugar de la tasa del aseo urbano y otros servicios, lo que pone los impuestos en un promedio máximo del cinco por ciento, siendo el dos por ciento lo máximo legal.

Este año, la Asamblea Nacional (AN) aprobó la nueva Ley de Armonización Tributaria, que pauta alícuotas similares al precepto del TSJ.

William Ramos (Izq.), director del Comité de Defensa de los Comerciantes del municipio San Francisco, y el abogado Fernando Gómez (Der.), consultor jurídico. (Foto: Darianna Moreno)

Una ardua lucha

Ramos recordó que desde el pasado 23 de mayo, en la calle 200, sector El Caujaro, parroquia José Domingo Rus, se inició la ardua lucha para que la Alcaldía sanfranciscana se apegara a la ley y redujera las alícuotas porque los pequeños comerciantes están pagando impuestos considerados confiscatorios, que pueden dejarlos en la calle.

Ejemplificó el caso de un comerciante cuyo negocio, situado en el kilómetro 17 vía Perijá, "no tiene agua ni alumbrado público ni aseo urbano ni gas doméstico", pero tiene 50 metros cuadrados y pagó 1.229 bolívares (50,05 dólares) a la tasa del dólar del Banco Central, el pasado 16 de abril.

Comparó con un caso en Maracaibo, donde un comercio de Cecilio Acosta canceló Bs. 356 bolívares (12,92 dólares) a la tasa del BCV, el pasado primero de junio; el local tiene 100 metros cuadrados.

Dijo que el pasado primero de junio, los comerciantes del sur solicitaron una reunión con el alcalde para llegar a algún acuerdo sobre esos impuestos, pero la máxima autoridad municipal "no acudió".

El pasado 7 de julio, realizaron otra solicitud al burgomaestre sureño, para conversar con él y definir las alícuotas apegadas a la armonización tributaria, no obstante, "no hemos tenido respuesta".

Ramos reconoció que la Cámara Municipal de San Francisco sí ha atendido el problema que ellos plantean, aunque las convocatorias las hacen de manera "exprés", prácticamente de un día para otro.

Considera que la Cámara de ese municipio debe cumplir con el artículo 261 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sobre la convocatoria de cabildos abiertos. Solicita además que en esa actividad se establezca una mesa de trabajo, participe el Colegio de Contadores Públicos del Zulia, profesores y estudiantes con experiencia en materia tributaria, sectores económicos de la localidad y organismos gubernamentales.

Advierte que en caso de no apegarse la Alcaldía de San Francisco a la nueva Ley de Armonización Tributaria, harán la denuncia ante la Fiscalía General, Contraloría General, TSJ y la Comisión de Contraloría de la AN.

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