Provea: Diez mil personas murieron en manos de agentes de seguridad en la última década
En su informe anual, la organización advierte sobre la “sistemática vulneración de los derechos humanos en el país”. “Provea advierte que, junto a la pobreza, la impunidad estructural sigue siendo la mayor violación de derechos humanos en Venezuela”, reza su escrito
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, (Provea) expuso que entre 2013 y 2023 unas 10 mil 85 personas murieron en manos de agentes de seguridad en Venezuela.
En su informe anual, la organización advierte sobre la “sistemática vulneración de los derechos humanos en el país”, una crisis que afirman, ha significado que desde 2015 diversos mecanismos de Naciones Unidas sigan observen con preocupación a la nación caribeña.
Aseguran que las violaciones a los derechos humanos han revelado la existencia de una política orientada a “promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas encaminadas a causar terror en la población”.
Esta advertencia ha sido una de las principales realizadas por la comunidad internacional de los Derechos Humanos, destaca el informe de Provea:
“Provea advierte que, junto a la pobreza, la impunidad estructural sigue siendo la mayor violación de derechos humanos en Venezuela. Subrayan un irregular funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia y el acaparamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantizando impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos”, reza el escrito.
Por su parte, la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) expuso que se registraron 418 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2024, un 85 % más con respecto al mismo periodo de 2023, cuando se documentaron 226 casos.
"Durante el primer trimestre de 2024 se profundizó el cierre del espacio cívico y democrático, en el marco de un contexto preelectoral, afectando las acciones de personas y organizaciones de la sociedad civil", indicó la ONG en su más reciente informe, que precisa que en enero se documentaron 97 casos, en febrero 230 y en marzo 91.
Del total de casos, 301 fueron de estigmatización, 62 de intimidación y hostigamiento, 45 de amenazas, tres ataques digitales, dos allanamientos, dos casos de judicialización y una detención arbitraria.
