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Justicia española inicia una segunda investigación contra Shakira por fraude fiscal

La cantante será será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona acusada de defraudar 14,5 millones de euros. Ya la barranquillera tiene un proceso en su contra. La fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros

Un juzgado español abrió una segunda causa por presunto fraude fiscal y patrimonial a la cantante colombiana Shakira a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar a Hacienda en su declaración de impuestos de 2018.

Según informó este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la causa contra la artista que investiga el juzgado de instrucción número dos de la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat, en el nordeste de España, está abierta por dos delitos contra la Hacienda pública.

Shakira será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en una causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona.

Ya la barranquillera tiene un proceso en su contra, ya que en noviembre debe regresar a España para afrontar el juicio por supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros que se prevé iniciar el 20 del citado mes.

La Audiencia de Barcelona fijó la fecha por la presunta comisión de cuatro delitos contra Hacienda Pública, cuando no presentó la liquidación del IRPF y del Impuesto de Patrimonio de 2012, 2013 y 2014, reseñó EFE.

Se tiene previsto que las audiencias, de acuerdo al diario El Mundo, tendrán sesiones consecutivas. Es decir, los días 22,23,28, 29 y 30 de noviembre y así como el 4,5,11,12,13 y 14 de diciembre; fechas que podrían variar si alguno de los 200 testigos falla.

No obstante, el juicio podría acortarse si Shakira, para quien la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros, alcanza a última hora un pacto con las acusaciones, el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, para aceptar una rebaja de condena a cambio de reconocer el fraude.

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