Provea denuncia arrestos y desapariciones tras “incursión militar” en Tumeremo
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que 700 militares se desplegaron en los últimos días en la población minera de Tumeremo, en el estado Bolívar, en un operativo que concluyó con detenciones de civiles y destrucción de campos ilegales de extracción de riquezas.
Provea, según publicó el diario Tal Cual ensu web, resaltó que la “incursión militar” empezó la última semana de octubre y mediante la cual, la Fuerza Armada Nacional (FAN) desmanteló campos mineros y detuvo a personas cuyos paraderos se desconocen.
A través de un comunicado publicado en su página web la organización no gubernamental citó a pobladores para asegurar que la FAN “está desplegada en la selva (de esa región) desde mediados de agosto” con el propósito de “erradicar la minería ilegal, limpiar el territorio de grupos irregulares y recuperar áreas naturales protegidas que no pertenecen al Arco Minero del Orinoco (AMO)”.
Medios de comunicación de Bolívar han reseñado en la última semana varias protestas de los lugareños contra esta militarización, en las que los manifestantes denuncian el desalojo irregular de mineros, así como detenciones arbitrarias, hechos a los que no se ha referido la Fiscalía ni el resto de autoridades.
Operativos militares
Recordó que a mediados de octubre se registró un primer operativo militar en una reserva forestal de Bolívar, en el que destruyeron campamentos mineros y arrestaron unas 11 personas supuestamente armadas, de las cuales se desconoce paradero y condición física actual.
La incursión militar ha incluido el sobrevuelo de aviones de combate, así como el tránsito de tanques y armas de guerra por las calles de la localidad que, en 2016, registró una masacre de 17 mineros, supuestamente por parte de grupos irregulares.
“Con la militarización también llegó el miedo y la incertidumbre, comerciantes bajaron sus santamarías (cierres) y pobladores salieron a protestar para exigir a la FAN el cese de las detenciones, los allanamientos y la destrucción de equipos de trabajo de los mineros”, añadió.
Ingresos destruidos
Provea denunció recientemente que los “bajos salarios” en Venezuela dificultan la contratación de mano de obra especializada para la producción de bienes o servicios no tradicionales con cierta capacidad exportadora.
Así lo concluyó la organización en un informe publicado este lunes, 31 de octubre, sobre la “destrucción” de los ingresos y de los derechos laborales.
El análisis, elaborado por el economista Manuel Sutherland, señaló que la “devastación del salario” y la “destrucción” del bolívar producto de una hiperinflación que comenzó en 2017 y terminó el año pasado, “han sido el directo resultado de políticas gubernamentales” que han “hundido2 a millones de personas.
En Venezuela el salario mínimo está en 130 bolívares (a 15,13 dólares a la tasa oficial), pese a que la ley establece que el sueldo más bajo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades principales.
