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Economía carcelaria venezolana también ha mutado con la dolarización transaccional

Exprivados de libertad aseguran que dolarización ha contribuido a mejorar los beneficios de los líderes del penal, mientras que los que no pueden costear los montos en divisas, prestan sus servicios en distintas áreas dentro del centro.

Mientras Venezuela se adentraba hacia una dolarización transaccional, que alcanzó hasta un 60% en su máximo nivel a finales del 2021, en los centros penitenciarios del país, el proceso de multimoneda se fue ejecutando a la par, duplicando incluso el costo de vida para quienes no contaran con la divisa en efectivo.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, en las cárceles venezolanas se paga hasta por respirar, y son los familiares de los reclusos quienes asumen esta carga desde incluso antes del traslado, cuando deben atender la compra del kit de higiene personal y uniformes, que ronda los 160 dólares.

La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) Carolina Girón, señaló que este sistema se ha solidificado con el paso de los años, en relación al proceso de dolarización de facto que se instaló en las cárceles venezolanas, sorteando incluso la crisis nacional. “Igual que afuera, en la misma proporción, y en la misma época”, dijo.

Desde 10 dólares semanales para vivir hasta 20 dólares por la causa, o la estadía. Las visitas conyugales pueden ubicarse entre 10 y 50 dólares y el pago por una sola toallita sanitaria, en el caso de los centros para mujeres, puede ser de un dólar, entregado a los custodios.

Tan similar a lo qué puede ocurrir en el exterior, los pagos efectuados en bolívares a la tasa de cambio sugieren un recargo. Un vendedor informal en Caracas puede cobrar el producto que ofrece hasta 7 céntimos por encima de la tasa oficial. En las cárceles, esta variación puede representar el doble del pago en dólares.

“Quien no tiene acceso a los dólares, lo paga en bolívares, pero duplicado. Si son 10 dólares, le tocará pagar 20 dólares al cambio en bolívares”, señaló Girón.

Un exprivado de libertad que estuvo recluido en el Penal de Tocuyito, como se le conoce al Centro Penitenciario Nacional de Valencia, al occidente del país, recuerda que para la fecha de su ingreso, en 2016, el pago por la causa semanal cada sábado, equivalía a 1.000 bolívares (2 dólares según la tasa oficial para ese entonces). Seis años después, al momento de su excarcelación, cancelaba 5 dólares por su estadía a la semana.

El uso de dólares en el penal, contribuyó también a un mayor beneficio de los reclusos con liderazgo, frente a los que no pueden costear los montos en divisas, quienes prestan sus servicios en distintas áreas dentro del centro

Para la organización no gubernamental fundada en 2002, este modelo que ha sido exportado hacia las barriadas populares en el país, con líderes de bandas criminales al frente de sistemas que pretenden dar protección a habitantes de estas zonas, se trata más bien de un problema de índole social.

En el caso de las mafias instaladas en cárceles controladas por el Ministerio, la necesidad es lo que produce el esquema. “Empezó por los problemas de comida con el personal. Pasaba hambre el preso y el empleado se quedaba con la comida”, sentencia Girón, cuestionando también el hacinamiento de 154% y la corrupción en cuánto al acceso a armamento, que es propiciado por funcionarios de seguridad del Estado.

La economía carcelaria venezolana, que se divide en dos regímenes: dirigida por un pranato o establecida por la directiva del penal junto a los custodios, aunque es de conocimiento público, no es reconocida así por los entes gubernamentales a cargo, como el Ministerio de Servicios Penitenciarios, creado por Hugo Chávez en 2011.

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