Los presos políticos aceleran la caída de la imagen de Maduro para el #28Jul

La cifra no pasa inadvertida. Son 273 presos políticos que se contabilizan hoy en Venezuela según el Foro Penal Venezolano. Los expedientes han sido ventilados en los núcleos de poder del mundo, en la Unión Europea, en Washington, en la Organización de Estados Americanos (OEA) y muy detalladamente en la Corte Penal Internacional.

Luis Almagro, presidente de la OEA, soltó recientemente una frase que describió el escenario: "Los crímenes de lesa humanidad con moneda corriente en Venezuela", y es que el Gobierno de Maduro se ha encargado de acelerar la persecución y encarcelamiento en contra de factores de oposición como herramienta de neutralización política, aunque para Miraflores se trate, según su discurso, de procesos que han desmontado planes de magnicidio en su contra.

Según Gonzalo Himiob, del Foro Penal, muchos de los presos siguen bajo procesos alejados de toda legalidad, y no han sido siquiera condenados.

En muchos casos, específicamente en 141, ya se superó el plazo máximo que permite nuestra legislación de detención preventiva de libertad, que es de tres años", sostuvo en declaraciones esta semana. Una muestra del manejo discrecional de una justicia que se muestra más selectiva que independiente.

Y agregó: "Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes de fuerzas políticas distintas de las del Gobierno y queremos hacer un llamado de atención también sobre el hecho de que en este momento, hemos verificado también que se están produciendo gravísimas violaciones al debido proceso, particularmente las que tienen que ver con el legítimo derecho a la defensa".

La denuncia se enmarca en una escalada contra dirigentes y líderes del partido Vente Venezuela, de María Corina Machado, quien ha pasado a convertirse en la figura de oposición más importante de Venezuela y el portaviones electoral de Edmundo González Urrutia, el candidato unitario de la Plataforma de la Unidad para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio próximo.

A mediados de marzo pasado Henry Alviarez, coordinador nacional del partido y Dignora Hernández, secretaria política de la organización, fueron privados de libertad y acusados por la Fiscalía General de Venezuela de orquestar planes violentos antes de las elecciones presidenciales. Así también cayeron en enero pasado Luis Camacaro y Juan Freites, otros jefes regionales de la formación.

Y no hay señales de que el Gobierno o la Fiscalía puedan desistir del proceso abierto en contra de los dirigentes. Al contrario, desde la Asamblea Nacional, dirigida por el chavismo y presidida por Jorge Rodríguez, intentan agilizar, vía marketing político una aprobación exprés de la llamada Ley Antifascismo, un nuevo instrumento sobre el que ya se levantan alertas dado su matiz de nueva herramienta de encarcelamiento sobre la que el gobierno puede apostar mucho como estrategia político-electoral.

La constante del bloqueo

Gonzalo Himiob asegura que una de las prácticas recurrentes contra los presos políticos es el bloqueo del procesado para contactar, ver o hablar con familiares o abogados. "Es sistemático", apuntó.

"Ni siquiera dan acceso a sus abogados de confianza".

Pero también se han conocido de otros mecanismos, como presentaciones expeditas en tribunales, sin exposición de pruebas o con testimonios forjados para entonces usar los medios informativos del Gobierno apabullar a la prensa con casos como el de la activista de Derechos Humanos Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien fue apresada  y encarcelada en El Helicoide, el temido centro de reclusión del Gobierno venezolano señalado de ser el laboratorio más implacable de torturas, sin siquiera dejarle contactar con sus abogados.

La acusaron de conspiración para asesinar a Maduro.

Al día de hoy San Miguel engrosa la estadística de los presos políticos.

Otros emblemáticos procesados son Javier Tarazona, catedrático y reconocido activista del Táchira que denunció la penetración de la narcoguerrilla colombiana en amplios territorios de su estado y su alianza con factores militares venezolanos, que fue encarcelado en 2021. En este caso se han hecho múltiples denuncias por las patologías de Tarazona. Alfredo Romero, director del Foro Penal, aseguró que el propio activista ha denunciado ser objeto de torturas. "No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación", dijo Romero en una rueda de prensa a principio de año.

De momento no hay actualizaciones del caso.

Pero el tema de la salud de los presos pareciera ser otro flanco de presión. Desde el Foro Penal se han contabilizado que más de 50 personas, de las 273 detenidas, requieren de atención médica urgente para atender enfermedades o complicaciones.

"Son urgencias importantes", han apuntado.

La visita del Fiscal Khan

De acuerdo con William Cárdenas Rubio, abogado y diplomático hispano venezolano, el efecto de la reciente visita a Caracas por parte de Karim Khan, fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), hizo que quedara "en evidencia que ya se ha puesto en marcha la jurisdicción complementaria de la CPI respecto a dichos crímenes y los hechos que rodearon la puesta en marcha de una política de Estado de ataques sistemáticos y generalizados contra una parte de la población”.

Cárdenas Rubio asegura que el juicio sobre las más de 8.000 víctimas del Gobierno de Venezuela que rindieron declaración ante la Oficina de Defensa de las Victimas y las observaciones del panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos durante la audiencia celebrada en noviembre recibirá la anhelada justicia.

La Unidad y los presos políticos

Los presos políticos son un punto de honor para su liberación en el plan de la Unidad. El candidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, habló con los familiares de quienes viven este flagelo y les prometió que en el futuro se acabará la persecución en el país.

"En democracia, la justicia debe ser independiente y asegurar el debido proceso. Buscamos una transición pacífica que promueva el entendimiento y supere la confrontación", escribió González Urrutia en su cuenta de X.

Por otro lado, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y mano derecha de Edmundo, también exige la liberación de los detenidos de consciencia. En sus dos días de visita a Maracaibo, portó una franela donde se leen los nombres de los dirigentes aprehendidos por participar en su partido, seguido por la frase: "Liberen a todos los presos políticos".