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Gobierno desestima investigación de la CPI y pone en duda testimonios de víctimas

El canciller de Venezuela, Yvan Gil, expresó que la iniciativa de retomar las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, responde a un plan de desestabilización del país

El Gobierno de Venezuela desestimó este miércoles todo intento de la Corte Penal Internacional (CPI) para retomar las investigaciones de presuntos crímenes de lesa humanidad en el país, tras dos días en audiencia de apelaciones con el tribunal de La Haya.

Mediante declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, negó la existencia de los delitos que intentan adjudicarse. "Nunca han ocurrido", fue su pronunciación al respecto.

El canciller explicó que la solicitud realizada por el fiscal de la CPI, Karim Khan, en conjunto con las presuntas víctimas de crímenes de lesa humanidad, responde a un "claro objetivo político" que buscaría desestabilizar a la nación suramericana.

Gil presentó como prueba ante la CPI el “Marco para la Transición Democrática”, publicado por el Departamento de Estado de los EE. UU. en marzo de 2020.

“En ese documento, desde los EE. UU. se ha ofrecido a esta CPI y su proceso contra Venezuela como ‘moneda de canje’ al Gobierno que yo represento. Si Venezuela renuncia al ejercicio de sus derechos soberanos y cito: ‘Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran su apoyo a la remisión ante la Corte Penal Internacional’”, argumentó el Ministro para Relaciones Exteriores.

Respecto a las acusaciones de esta Fiscalía donde se adjudica que Venezuela no realiza investigaciones sobre los delitos señalados, respondió que estas sí han sido realizadas.

“En Venezuela se han llevado todas y cada una de las investigaciones de manera independiente y respondiendo a las evidencias obtenidas en cada uno de los casos. Lo que no puede nunca pretenderse es que Venezuela construya artificialmente acusaciones infundadas contra objetivos determinados, simplemente para satisfacer las pretensiones de determinados actores internos y externos”, expuso.

Agregó que "existen 255 agentes del Estado imputados y 64 acusados; de esto se desprende que la nación se han realizado las investigaciones de manera independiente", expresó.

No obstante sentenció, "lo que no puede pretenderse es que se construyan acusaciones infundadas para satisfacer intereses de actores externos e internos”.

“Evidentemente la magnitud e intensidad de las acciones de violencia (…) pudieron dar lugar a incidentes aislados de exceso por parte de agentes del Estado. En todo caso, estos hechos valorados objetivamente constituyen delitos contra los derechos humanos, pero no pueden considerarse como crímenes de lesa humanidad”, advirtió.

Aparente discriminación

Una representante de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (Opcv) explicó que los aparentes afectados comparten el "elemento discriminatorio", por su supuesta vinculación con su identidad, ideología política o defensa a los Derechos Humanos.

Por ende, además de apoyar que se reanuden las investigaciones de parte de la CPI a Venezuela, solicitaron incluir este supuesto agravante. “Este elemento demuestra que no fueron atacados al azar, lo que hace que su sufrimiento sea distinto al de otros delitos. Esto arroja luz sobre la magnitud de los delitos”, indicó la representante.

A la par, objetaron que el Gobierno venezolano no ha realizado la investigaciones pertinentes a los casos de aparentes crímenes de lesa humanidad, que el mismo país niega.

"La posición de las víctimas es que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos", dijo en nombre de las casi 3.000 víctimas, 2.684 de ellas individuales y 104 familias, según cifras ofrecidas por Transparencia Venezuela.

 

Reacciones

La periodista Sebastiana Barraez, de tendencia opositora, destacó en su X que lo dicho por Yvan Gil durante su exposición en la CPI fue "con todo respeto, una pobre actuación la del Canciller, abundante en citas trilladas", reseñó.

"El canciller de Venezuela @yvangil alegó en la Corte Penal Internacional CPI lo de las sanciones e intenciones de sacar a @NicolasMaduro del poder. Lo que no dijo es qué tiene que ver eso con apresar, torturar, amenazar, asesinar y secuestrar a adversarios políticos", publicó.

Zair Mundaray, abogado y exfiscal del Ministerio Público (MP) en Venezuela, indicó que el Gobierno nacional "no pudo explicar ninguna de las interrogantes de los Magistrados". Aseguró que "fue un error" admitir se encontraban investigando lo que ellos consideran nunca ha ocurrido.

"Grave error de argumentación cometieron (...) al intentar sostener la ausencia de crímenes de Lesa Humanidad, eso echa por tierra el argumento de que están investigando. No sé puede investigar lo que según tu criterio no ha ocurrido. Incomprensible razonamiento que creo que tendrá consecuencias importantes en este proceso", publicó en su cuenta de X.

Argumentó como una mala decisión incorporar cuestionamientos a los elementos de los crímenes reseñados en su escrito, "estos elementos son medulares en torno a lo sustantivo del caso".

"Los obligó a poner en evidencia la ausencia de voluntad institucional de investigación y procesamientos genuinos, pues partieron de la negación de la política de Estado y el ataque sistemático y generalizado. Insisto, esto tendrá consecuencias", publicó en su cuenta de X.

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