El diario plural del Zulia

Al menos mil 300 niños se ven obligados a trabajar en minas de Bolívar

Afirman que la "normalización" de la actividad laboral en niños es uno de los factores que influye en estos escenarios. Investigadores exhortan al Gobierno nacional a tomar acciones por estos infantes

El investigador Alejandro Álvarez, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CHD-UCAB) expuso que la desprotección que viven los niños en el estado Bolívar es alarmante, trayendo como consecuencia que estén obligados a realizar trabajos forzados en minas de oro u otros minerales.

Estima que 1.300 niños laboran en este campo, sin contar los que hacen parte de la minería ilegal.

Aseguró que los menores están expuestos a jornadas de más de 12 horas, cargando más peso del debido y operando máquinas artesanales que funcionan como grúas o poleas, para el descenso o salida de personas a las minas.

En una entrevista con Radio Fe y Alegría, Álvarez, señaló que uno de los principales impedimentos para revertir la esclavitud infantil en el país es que el Estado no ha reconocido el problema, y por tanto, tampoco la urgencia de atenderlo.

"Al no dar ese paso, que desde las instancias oficiales y sistemas de protección no se entienda que todas estas situaciones constituyen un problema hacia la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entonces las políticas públicas no van a ir orientadas a solucionarlo”, apuntó.

En ese sentido, el investigador indicó que esa población de menores está siendo víctimas de esclavitud moderna. A su juicio, la normalización del problema es uno de los principales factores que lo invisibilizan.

En el municipio Caroní del estado Bolívar, por ejemplo, también hay mendicidad tercerizada y el Centro de Derechos Humanos del que él forma parte ha documentado "más de 200 niños, solamente en esas municipalidad, en condición de calle, siendo sus padres quienes los ponen a pedir en las calles”.

“Ha habido una falencia o una negligencia en cuanto a la protección, a razón de que los órganos encargados de proteger estos derechos no han cumplido con sus obligaciones establecidas en la ley, agravando esta situación con el paso de los años”, añadió.

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