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Justicia estadounidense fija próxima audiencia contra Alex Saab para enero de 2022

El pasado lunes 15 de noviembre, Saab se declaró no culpable ante un tribunal de Miami del cargo de blanqueo de capitales por el que fue extraditado a mediados de octubre a Estados Unidos desde Cabo Verde

La justicia de Estados Unidos programó la próxima audiencia contra el empresario colombiano Alex Saab, quien se enfrenta a una condena de 20 años por el delito de lavado de dinero, para el 3 de enero de 2022, según informó Joshua Goodman, periodista de la agencia The Associated Press.

Sin embargo, alertó mediante su cuenta en Twitter que no se debe apartar puesto aún, ya que esta fecha puede variar.

"La fecha para Álex Saab: 3 de enero de 2022 a las 9:00 a.m. Pero no reserve un asiento todavía. En el sistema penal de EE. UU., los acusados solicitan con frecuencia más tiempo para evaluar las pruebas y considerar un cambio de declaración. También hay un litigio en curso sobre si tiene derecho a inmunidad diplomática", dijo Goodman.

Asimismo, informó que también hay un litigio en curso sobre si tiene derecho a inmunidad diplomática.

Por otra parte, la justicia norteamericana pautó para el próximo martes 28 de diciembre a las 9:00 a. m., una audiencia con los abogados y el acusado para conocer el calendario de la causa.

El pasado lunes 15 de noviembre, Saab se declaró no culpable ante un tribunal de Miami del cargo de blanqueo de capitales por el que fue extraditado a mediados de octubre a Estados Unidos desde Cabo Verde.

Ante un tribunal federal de Miami, Saab escuchó su imputación por un delito de conspiración para blanquear dinero, que le podría suponer una pena de hasta 20 años de prisión.

Su abogado, Neil Schuster, se dirigió al tribunal como representante del “diplomático de la República Bolivariana de Venezuela” y luego se declaró inocente.

Dicha audiencia estaba prevista en un primer momento hace dos semanas, cuando el juez Robert Scola aceptó desestimar a petición de los fiscales los cargos por blanqueo de dinero para cumplir con el Gobierno de Cabo Verde, país cuya legislación contempla un límite de años de prisión.

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