Fiscal general de Perú descarta renunciar y denuncia a la presidenta Dina Boluarte
Luego de varias horas en silencio, la titular de la Fiscalía, Patricia Benavides, brindó un pronunciamiento público en el que descartó renunciar al cargo, pese a las acusaciones de presuntamente liderar una organización criminal, y anunció una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola.
Rodeada de fiscales provinciales y solo dos superiores, sostuvo que la institución que lidera “ha sido objeto de ataques premeditados de quienes se oponen a luchar contra la impunidad y corrupción orquestada en las más altas esferas del poder”.
Pese a ello, el despacho de la Fiscal viene dando todas las facilidades al equipo de fiscales contra la corrupción a fin de que realicen todas las investigaciones dispuestas”, mencionó.
En lugar de ahondar y brindar explicaciones sobre los graves chats de su exasesor principal Jaime Villanueva, en donde pacta importantes votaciones al interior del Congreso de la República, deslizó que todo se trata de una represalia por la “investigación de casos de máxima relevancia en lo que los implicados son personas que van a intentar utilizar todo su poder para obstruir el avance de la justicia”.
“No permitiré que esa presión dañe e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables”, agregó.
En ese sentido, y con gran sorpresa ante las constantes ampliaciones de la investigación, anunció la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y los exministros del Interior por las muertes y agresiones durante las protestas antigubernamentales, reseñó Infobae.
De aprobarse, la denuncia pasará a la Comisión Permanente en un plazo de 48 horas, después de los 10 días de evaluación en la subcomisión. Si procede en dicha instancia, regresa a la subcomisión para designar al delegado y recoger los testimonios y pruebas que sustenten la denuncia antes de continuar su curso hasta el pleno del Congreso.
Una vez que llega al pleno se necesita del respaldo de 66 legisladores para ser aprobada. Si esto ocurre, se remite el caso a la Fiscalía de la Nación. Si no alcanza los votos, la denuncia se archiva.
