Expresidenta de Bolivia tilda su detención de “ilegal”
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, calificó de ilegal su aprehensión en la madrugada del sábado con base en una demanda de sedición y terrorismo que investiga la Fiscalía en relación con la crisis política de 2019, que precipitó la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.
Tras ser trasladada desde Trinidad, su ciudad natal en el noreste del país, aguardaba en celdas policiales comunes para ser llevada ante un juez de medidas cautelares que podría otorgarle arresto domiciliario o enviarla a un penal en forma preventiva mientras avanzan las investigaciones, reseñó AP.
“Esto es un atropello, como exmandataria tengo derecho a un juicio de responsabilidades. No hubo golpe de Estado sino una sucesión constitucional. Yo asumí la presidencia por las renuncias que hubo”, declaró a la prensa tras ser regresada a celdas policiales después de declarar ante fiscales.
Otros dos ministros de su gobierno (2019-2019) fueron detenidos el viernes por la tarde, entre ellos el exministro de Justicia Álvaro Coimbra y también aguardaban en celdas policiales.
“Esto no es persecución, es una demanda que se presentó en diciembre por conspiración y sedición en contra de la senadora Áñez”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
La exmandataria, de 53 años, no será sometida a juicio de responsabilidades en su condición de expresidenta sino por sus acciones como senadora de oposición, alegó el ministro de Justicia, Iván Lima. “Este caso ha sido presentado contra la exsenadora Áñez no contra la expresidenta. Por tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades”, dijo.
El caso ha vuelto a elevar la tensión política en Bolivia. Líderes de oposición han calificado las detenciones de ilegales y han acusado al gobierno del presidente izquierdista Luis Arce de utilizar la justicia para una “persecución judicial”, según han declarado por separado el expresidente Carlos Mesa y el gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, ambos líderes de la oposición, informó AP.
Arce, Morales y legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han calificado de un golpe de Estado lo ocurrido tras elecciones de octubre de 2019, denunciadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que desencadenó un estallido social que cobró la vida de 36 personas y obligó a Morales a renunciar tras 14 años en el poder. El expresidente buscaba una cuarta reelección en esos comicios fallidos.
