Exasesor de Fujimori recibe condena de 19 años por matanzas de 1992 en Perú
El exasesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos, el "hombre fuerte" del gobierno de Alberto Fujimori, fue condenado este miércoles a 19 años y 8 meses de cárcel por las matanzas de Pativilca y La Cantuta, ambas cometidas en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
La jueza Miluska Cano, que preside la Cuarta Sala Penal Superior Nacional, precisó que esta condena se considera «compurgada» (ya cumplida) porque el exasesor está en prisión desde enero de 2001 y en este caso aceptó la «autoría mediata» (con dominio del hecho) de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato y desaparición forzada.
La Fiscalía pidió que todos los implicados en este juicio, entre los que están Fujimori, Montesinos y otras 21 personas, sean condenados a un mínimo de 25 años de prisión.
Mientras que los demás procesados no aceptaron acogerse a la figura jurídica de la "conclusión anticipada" por lo cual seguirán siendo enjuiciados, Montesinos también deberá pagar, de manera solidaria, 500.000 soles (131.000 dólares) a favor de cada uno de los herederos legales del caso Pativilca y de 50.000 soles en el caso La Cantuta.
Tras la lectura de la sentencia, el exasesor manifestó su conformidad, mientras que la fiscal Elsa Paola Delgado señaló que el Ministerio Público se reservaba la posibilidad de impugnar "el extremo punitivo" de la resolución, reseñó Diario Las Américas.
Si bien Montesinos, un exmilitar y exabogado de narcotraficantes, aceptó los cargos, Fujimori no admitió esa opción y el juicio continuará en su caso. El expresidente, de 85 años, está libre tras ser excarcelado en diciembre gracias a un indulto después de 16 años de cárcel. Fujimori cumplía una condena por otros 25 asesinatos, ejecutados por el mismo destacamento de militares, que también ocurrieron en 1992.
Montesinos está preso en una cárcel junto al Pacífico que él mismo ayudó a diseñar en la época que gozaba de poder durante el gobierno de Fujimori. Cumple diversas sentencias por asesinatos, corrupción y una por la venta de armas a la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 1999, delito descubierto por la inteligencia de Colombia y Estados Unidos.
