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Corte de Apelaciones bloquea ley que permite la detención y expulsión de migrantes en Texas

Un grupo de tres jueces decidió modificar una decisión anterior que posibilitó la implementación de la norma. Se ha comunicado que el próximo miércoles se presentarán argumentos acerca de la ley. El gobierno del líder presidente Joe Biden y las organizaciones que respaldan los migrantes critican la medida como una violación constitucional.

La oficina de apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos reanudó el martes la implementación de la ley migratoria de Texas que posibilita la detención y expulsión de migrantes sospechosos de acceder ilegalmente al estado, después de que el Tribunal Supremo estableciera su limitación.

El tribunal federal a cargo del juez Samuel Alito interrumpió la legislación, conocida como SB4, poco después de que el Supremo la permitiera implementarse hasta que esta misma corte se pronunciara, lo cual requirió varias horas, reseñó El Nacional.

Un grupo de tres jueces decidió modificar una decisión anterior que posibilitó la implementación de la ley tras la decisión del Supremo y, finalmente, impedir la implementación de esa ley estatal que convertiría en un crimen transitar irregularmente desde México hasta Texas.

Concluye de esta manera, por el momento, una serie de encuentros y alejamientos entre el Supremo y este tribunal federal que se encuentra en Nueva Orleans. Tras extender la suspensión a la ley, el Tribunal decidió mañana modificarla y dejar en manos del Quinto Circuito la decisión sobre la implementación de la medida.

Se ha comunicado que el próximo miércoles se presentarán argumentos acerca de la ley, con el fin de asegurar que el futuro de esta controversia legislación permanecerá en orden.

El gobierno del líder presidente Joe Biden y las organizaciones que respaldan los migrantes critican la ley como una violación constitucional. La administración gubernamental también ha criticado de manera reiterada la medida.

La ley, una de las medidas contra los inmigrantes más efectivas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero "intente o intente acceder al estado de forma ilegal" en un supuesto de delitos menor. La falta se convierte en un delito grave, sujeto a una pena de 20 años, en caso de que el infractor sea reincidente.

La iniciativa también posibilita que la justicia estatal ordene la expulsión de personas sin interferir en el proceso legal. Asimismo, los agentes de policía podrán arrestar a cualquier individuo que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la posibilidad de expulsarlo a México en lugar de arrestarlo.

En primer lugar, la medida impulsada por el líder gubernamental Greg Abbott, debía implementarse el 5 de marzo, pero un juez federal se puso en contacto con los solicitantes y la hizo efectiva.

El representante de Texas, Ken Paxton, condujo la discusión al Quinto Circuito de Apelaciones, donde obtuvo respaldo, lo cual obligó a que la defensa acuda al Supremo para impedir que la ley se vaya en vigencia.

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