“Ese local era mi patrimonio y me dejaron sin nada”, hablan afectados de La Curva

La pesadilla comenzó el 1 de enero de 2020, cuando la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo se presentó en la Curva de Molina “demoliendo todo a su paso”, con la promesa de reubicar a los cientos de comerciantes informales en mejores espacios donde estuviesen organizados.

Personas que tenían más de 50 años laborando en el lugar lo perdieron todo.

“Mi local, donde vendía víveres, era de platabanda y piso de cerámica, una estructura bien hecha que demolieron sin razón alguna. Me dijeron ‘quítese, usted ya aprovechó sus 30 años aquí, se hizo rica de algo que no le pertenecía’”, relató Fairú González, una de las 569 afectadas por la “gran estafa inmobiliaria”.

Minutos después, un camión demoledor destruyó todo a su paso, sin consultar si estaban de acuerdo o no.

Pero la realidad era que ella no contaba con los 2.000 dólares que el personal del ayuntamiento, liderado por Reinaldo Herrera, le exigía para que pudiera tener un nuevo lugar donde trabajar.

“Ese local era mi patrimonio. La Curva de Molina es mi segundo hogar, trabajé con mi madre aquí desde los 10 años y me dejaron sin nada”, expresó llena de molestia y desesperación Fairú, una de las afectadas por la gestión del exalcalde Willy Casanova.

El equipo reporteril de Versión Final conversó con un grupo de 30 vendedores en la Plaza Bolívar de La Curva de Molina, que aseguran ser víctimas de “robo” por parte de la pasada administración roja. Los emprendedores denunciaron que pagaron importantes sumas de dinero a la municipalidad a cambio de locales que nunca se construyeron.

Con pruebas en mano, González aseveró que la cancelación de una inicial por cientos de dólares, no bastó. El pago, precisó, era obligatoriamente en divisas en físico.

“Me dijeron que mi nuevo local estaría en el terreno ubicado frente a Todo Regalado pero no seguí pagando porque no tenía la manera y ellos lo vendieron, algo que era para mí, que me habían prometido”, denunció González.

Esta irregularidad se repitió con decenas de comerciantes, que lamentan haber sido “excluidos” del proyecto de reordenamiento de La Curva por no tener cómo pagar su sitio laboral.

Para su sorpresa, los locales que les habían ofrecido ya les pertenecen a personas ajenas al mercado, “que jamás han trabajado aquí”, porque cancelaron a la Alcaldía entre $ 2.000 y 3.000 en efectivo en un solo pago.

“Iremos a Caracas si es necesario”

El plan contemplaba la edificación de cinco mercados, donde serían distribuidos los miles de mercaderes del popular centro de compras. Solo se terminó el de la cancha de La Curva, donde está el rubro de víveres, dejando por fuera a los plataneros, pescaderos, verduleros y expendedores de otros productos.

Después de tres años, los trabajadores siguen peleando por lo que les pertenece y exigen justicia ante el “engaño” cometido por Casanova. Incluso, piden la mediación del Gobierno nacional.

“Si es de ir a Caracas iremos a aclararle la situación sobre esta estafa a Nicolás Maduro y a los ministros”, dijo Esmeiro García, uno de los afectados.

Expresó que La Curva “es un ícono” de Maracaibo que forma parte de la historia local y calificó como un irrespeto este acto de “corrupción”.

Según datos ofrecidos por el concejal Daniel Ponne, se estima que el monto entregado por los comerciantes está entre los 300 mil y 400 mil dólares, aunque podría ser mucho más.

El valor de los puestos iba desde los 80 hasta los 5.000 dólares, depende de la estructura y de la ubicación. Sin embargo, además de la exigencia del desembolso en dólares, si el vendedor no cancelaba a tiempo las cuotas correspondientes, perdía todo lo abonado y también el local.

“Nuestros medios de trabajo fueron eliminados y quedamos en el abandono. Queremos que lleguemos a un acuerdo con el Gobierno donde calculen el valor de nuestras propiedades y si hay que pagar algo, se paga”, indicó García.

“Promesas que terminaron en robo”

Todo el proceso estuvo lleno de anomalías. Durante el recorrido hecho por Versión Final por distintos espacios del mercado otra denuncia surgió.

La comerciante Patricia Sierra comentó que la municipalidad le pidió 1.200 dólares por la entrega de un nuevo local pero en el contrato final estipulaba que el sitio costaba 180 dólares.

“¿Dónde está todo ese dinero? Nos estafaron descaradamente. No apareció ni el dinero ni nos dieron el local. Cuando pregunté qué pasaba no me dieron explicaciones de nada. Tengo todos los vouchers de pago”, mencionó.

Por su parte, Guillermo Beltrán, vendedor de plátanos desde hace seis años, lamentó el hecho de haber perdido el local que armó “con esfuerzo y mucho trabajo”.

Dijo que pagó $ 200 por un espacio bien constituido que no le fue entregado.

“Llegaron con promesas de arreglar el mercado y terminaron tumbándolo y después robarnos. Nos presionaron también psicológicamente amenazándonos con que nos íbamos a quedar sin nada y pagamos un dinero para unos puestos que nunca nos entregaron”, refirió.

Por el momento, gran parte de los cientos de emprendedores perjudicados trabaja en tarantines improvisados o en la misma calle con carruchas donde transportan la mercancía. “Nos dejaron sin nada, todo fue un engaño. Seguimos luchando por sobrevivir a esta desgracia que nos dejó la gestión anterior”, añadió.

“Exigimos respeto a nuestro derecho al trabajo”

Los trabajadores manifestaron que, en principio, sí confiaron en los ofrecimientos de la Alcaldía “porque todo lo pintaron muy bonito”.

Karen Arévalo, representante del área de los pescaderos, declaró que les derribaron espacios con santamaría, cerámica y platabanda, y “en menos de 10 horas” quedaron sin nada.

“Teníamos mercancía dentro y no les importó. Lo que queremos es respuesta, que nos respeten nuestro derecho al trabajo, que nos ayude el Gobierno nacional porque quizá este escándalo está tapado”, sostuvo.

El grupo llamó al Ejecutivo nacional a atender el caso. Marbella Camba, otras de las afectadas, precisó que esto no puede ser ignorado porque pasó en Maracaibo, a miles de kilómetros de la capital venezolana.

“Queremos que la información le llegue a Maduro, aunque ya debería saberlo porque el acto fue cometido por un alcalde de él, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv)”, argumentó. “Exigimos que nos regresen el patrimonio de nuestra familia”.