Terreno para la Misión Vivienda es un vertedero

Será el hogar de más de mil personas. Eso aseguraron, a finales de 2014, trabajadores del Ministerio de Vivienda y Hábitat al personal de la Universidad del Zulia (LUZ). Sin embargo, el llamado “Lote A de LUZ” es hoy un espacio donde la basura impera; aunque se encuentre muy cerca de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer y de áreas de recreación infantil.

Batas de cirujano, tapa bocas, inyectadoras, cajas de cartón, envases de plástico y hasta cauchos se encuentran dentro de un hoyo de aproximadamente 10 metros de profundidad, ubicado detrás del complejo ferial Expozulia, de una manga de coleo, de un espacio para prácticas de conducir, y en las adyacencias del teatro de títeres Chímpete Chámpata y del parque de diversiones de Grano de Oro.

Quienes concurren al lugar denuncian que el terreno se ha convertido en un vertedero de desechos sanitarios.

Tres años de espera

Pedro Romero, presidente de la Fundación Jesús Enrique Lossada (Fundaluz), recordó que el espacio de 40 hectáreas pertenece a la Universidad del Zulia.

Pero el 29 de octubre de 2014, el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (MPPVH) dictó la resolución 150, afectando al “Lote A de LUZ”, para destinarlo a desarrollos habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

Han pasado casi tres años desde entonces y no se observan las edificaciones, ni el proyecto recreativo, cultural e inmobiliario que anteriormente tenía contemplado para ese sitio la Universidad del Zulia.

Romero, además arquitecto, asegura que con el inicio de la construcción de las residencias se derivó en una violación a la legislación ambiental, ya que durante el desarrollo de la obra los constructores encargados, pertenecientes al Centro Rafael Urdaneta (CRU), realizaron la excavación que hoy es un depósito de basura.

Según Romero, la intención sería la de elevar la altura del terreno a ocupar para evitar problemas de drenaje entre los futuros domicilios.

“Pero luego pretendieron ocultar la zona cavada arrojando escombros y basura que vienen de hospitales cercanos, como de la Maternidad Castillo Plaza”, dijo.

El profesor agregó que por esta razón, tras la resolución del Ministerio de Vivienda y Hábitat, los representantes de Fundaluz solicitaron una inspección judicial.

Fundaluz inició un proceso legal. A mediados de noviembre de ese año 2014, se introdujo una medida de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por violación a la autonomía universitaria; consagrada en el artículo 9 de la Ley de Universidades.

La demanda se encuentra en la Sala Político-Administrativa del mencionado órgano judicial. Los litigantes continúan a la espera de un juicio.

Docentes quedaron fuera

Según Romero, un 70% de las construcciones sería para personal de la universidad, entre ellos, profesores y obreros. El 30% restante sería para particulares inscritos en la Gran Misión Vivienda Venezuela.

El vicepresidente de Fundaluz, Jesús Urbina, detalló que del universo de mil personas beneficiadas había un grupo de aproximadamente 130 profesores universitarios.

“Sabíamos que el censo lo iban a cruzar con la base de datos de la GMVV y que quien no estuviera en el censo sería excluido de esa lista”. Urbina entiende que esto último fue lo que sucedió porque el número de beneficiarios pasaba de mil y finalmente el proyecto terminó ofreciendo un poco más de 300 viviendas, según comentó.

Destacó que desde hace más de dos décadas, el lote A de la ciudad universitaria ha sido objeto de la administración de Fundaluz -aún a pesar de la decisión del Ministerio de Hábitat y Vivienda sobre destinarlo a la GMVV-, debido a que es un terreno sobre el cual Fundaluz tiene derecho de propiedad.

“Fue una resolución del Ministerio que se ocupara esa zona por razones de urgencia y en relación con la utilidad pública del desarrollo de viviendas con interés social, pero no es que cedimos ese espacio”, dijo.

Ministerio no fija posición

Interrogados sobre el tema y sobre si se retomaría la construcción de las viviendas, trabajadores del Ministerio de Vivienda y Hábitat prefirieron no rendir declaraciones a los medios.

Víctor Padrón, representante regional del organismo, aseguró que, por el momento, no estaba autorizado para declarar.

Arquitectos asociados al proyecto emprendido por la Gran Misión Vivienda, que prefirieron no ser identificados, señalaron que para emitir cualquier respuesta deben contar con el permiso directo de sus superiores en Caracas.

Mientras los meses pasan, quienes serían beneficiados con las construcciones siguen a la espera de que la obra inicie, para así ver materializada su aspiración de contar con un nuevo hogar en el cual vivir.