Fallo encubriría un objetivo económico
La controversial sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dota al poder judicial de todas las competencias de la Asamblea Nacional (AN) continúan dando de qué hablar en el panorama nacional y global. Expertos en materia económica aseguran que el Gobierno tiene en sus manos una chequera en blanco para hacer y deshacer.
Para el economista Víctor Álvarez, el problema es que cuando un nuevo Gobierno asuma el poder, podrá ignorar las deudas que haya dejado el saliente, tras considerarlas carentes de legalidad. A su juicio, los conflictos entre poderes, en este caso entre el Gobierno, el TSJ y la AN, provocan desestímulo, ahuyentan la inversión extranjera y le cierra las puertas al financiamiento internacional.
“Nadie en su sano juicio va a arriesgar miles de millones de dólares prestándoselos a un Gobierno para que venga cuando asuma un nuevo Gobierno y demande la nulidad de esa deuda, tras calificarla ilegal por considerar que el proceso para contraerla estuvo al margen de la Constitución y al margen de las leyes de financiamiento”.
Diputados creen que la decisión del máximo tribunal está relacionada con la urgencia que posee el Estado para solicitar préstamos internacionales. Ismael García, diputado a la AN por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), expresó que el Gobierno necesita un préstamo de más de 400 millones de dólares, por tal razón, elude todo tipo de control y auditoría.
“Ellos tienen fuertes acusaciones en los casos de Odebrechet por eso no quieren ninguna auditoría. El Estado ya no articula ninguna política y creen que eliminando nuestras competencias lograrían todo, pero nosotros estamos en plan de lucha contra este gobierno forajido. Arruinaron al país, la economía fue destruida y ahora quieren pasar por encima del Parlamento para hacer préstamos porque no saben qué hacer”.
Interpretación de ley
Cecilia Sosa, expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, sostiene que la decisión del TSJ obedece a una razón económica.
“La demanda de interpretación que dio origen a esta sentencia es netamente económica. Interpretaron el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos porque no quieren que la Asamblea controle los negocios que están realizando con las empresas mixtas”.
Sosa agregó que este tipo de sentencia es inexistente porque cambia el contenido del control que la ley estableció.
“Dejan en evidencia que el control solo lo pueden ejercer entre ellos mismos. Esto no es Derecho, no es constitucional, no tiene que ver con la República, con la democracia, esto es un asalto al patrimonio del país”.
En conformidad con lo planteado, José Manuel Puente, economista y profesor de Administración Pública del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), refirió que la decisión del tribunal frente a la AN es parte de la respuesta a la crisis de un gobierno arrinconado y radicalizado que no sabe cómo gerenciar un país”. El artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos establece que la AN podrá modificar las condiciones propuestas que considere convenientes.
