Katherine Pennachio: “Cuando pides información, a veces se ríen en tu cara"

Datos, corrupción y derecho a saber: cómo seguirle la pista al poder y el dinero en la protección de los DD. HH. El nombre de la conferencia que ofrecieron Transparencia Venezuela, la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) revelaba por sí solo la opacidad en la información de interés público reinante en el país. Así celebraron el Día del Derecho de Acceso a la Información Pública: preguntando, denunciando.

“Es difícil hacer periodismo de datos en Venezuela porque no hay datos. No tenemos una ley de transparencia para hacer uso de ella y pedir información. Si vas a hacer una petición de información en una institución pública, a veces ser ríen en tu cara. La última vez me pasó cuando fui a la Contraloría”, con esa Katherine Pennachio, una de los 11 periodistas venezolanos que trabajó en el caso de Los Papeles de Panamá , durante su participación en el foro celebrado en el rectorado de la Universidad del Zulia (LUZ).

La escasa formación en periodismo de datos e investigación en las escuelas de Comunicación Social, es otro cerrojo que aprovecha el poder. Pennachio, que también es docente de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), explica los motivos.

“Los pénsum están muy atrasados. Yo soy de la Universidad Central de Venezuela, y el pénsum de Comunicación Social es del año 1987. En esa época no se hablaba de periodismo de datos. Tampoco funciona el Internet, y para enseñar estas herramientas se necesita”.

Más y más trabajo

Los profesores también tienen el deber de actualizarse para formar reporteros más acuciosos. Las redacciones, opinó, siguen siendo las verdaderas escuelas de periodismo. Aunque la mayoría de las unidades de investigación de los medios estén cerradas por falta de recursos o por censura.

“Hay algunos diplomados y postgrados que te pueden ayudar si te especializas en ese tema. Pero también depende de los alumnos. Las herramientas de periodismo de datos tiene mucho de autodidacta. Tienen que sentarse a buscar tutoriales en Internet para determinar si está ante una herramienta para buscar o visualizar datos. Y en este momento no hay excusa no para hacerlo, porque en YouTube hay un montón”.

Todavía queda mucho por publicar sobre Los Papeles de Panamá en lo tocante a Venezuela. En la primera etapa se publicaron 17 casos, pero Pennachio afirma que hay alrededor de 60 historias más. Las primeras salieron a la luz por el perfil público de los involucrados, entre ellos un edecán del fallecido Hugo Chávez y la esposa del militar, enfermera del comandante, buscados por la justicia nacional.

“Hay algunos que pueden ser posibles historias, hay otros que son simples empresarios y otros que querían ocultarle el dinero a la esposa porque se iban a divorciar. Pero sí hay muchas historias y, además, hay otra filtración de empresas en Bahamas. Algunas se pueden relacionar con Los Papeles de Panamá . Creo que el periodismo de datos llegó para quedarse, no es una moda”.

La cárcel robada

El 5 de septiembre de 2012 se anunció la construcción del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia. Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, dio la noticia y 16 días más tarde el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (Fonep) suscribió un contrato con la empresa privada Cresmo por 130 millones y medio de bolívares para la construcción, que debía arrancar el 2 de enero de 2013 y finalizar el 31 de diciembre de 2014. Cuatro años después, de la obra, inconclusa, solo quedan escombros.

“Cresmo, cuando inició los trabajos, era una pequeña empresa local con un millón de bolívares de capital social. De entonces para acá, ha crecido y ahora tiene un capital de 25 millones de bolívares, pero la obra no fue terminada. Se permitió que la saqueara todo el mundo”, explica el periodista y profesor universitario, Jesús Urbina, vocero de la ONG Transparencia Venezuela, que junto a OVP y Codhez elaboraron un informe titulado Los Papeles de la Prisión.

El 4 de diciembre de 2013, a 11 meses del primer contrato, el Gobierno nacional selló un nuevo acuerdo con la empresa Cresmo, con lo que la construcción del recinto ya ascendía a 209 millones de bolívares.

“Se perdió lo poco que se llegó a construir, se defraudó el tesoro nacional y el derecho de los venezolanos a recibir respuesta del Estado por esa inversión. Son 209 millones declarados en las memorias y cuentas del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios. Cuando uno le pregunta a los vecinos de los barrios aledaños, dicen ‘ah, la cárcel que se robaron’”.

¿Zona rural?

El nuevo centro penitenciario, además, se iba a construir en un área rural para que ninguna comunidad resultara perjudicada en caso de que se registrara algún motín o enfrentamiento. Para ellos se escogió una antigua granja vitícola ubicada en el sector El Rodeo, municipio San Francisco, en la vía hacia La Cañada de Urdaneta.

Pero el Ministerio de Asuntos Penitenciarios parece no haber previsto que el barrio La Mano de Dios está a 575 metros del corazón de la obra; que el barrio 26 de Febrero, se halla a solo 430 metros; que El Rodeo queda a 850, y la urbanización El Soler, a 900.

Con la cárcel de Sabaneta y el retén El Marite desalojados, y un centro de reclusión en ruinas, los familiares de los presos tienen que viajar hacia el centro y el oriente del país a visitarlos. Para ello, tienen que desembolsar hasta 50 mil bolívares semanales. Una suma impagable para muchos.

Daniel Guerra, abogada y vocera de Codhez, informó que entrevistaron a 19 defensores de 157 reos de El Marite, quienes informaron que solo 25 de ellos han sido trasladados al Zulia para asistir a las audiencias. Y en algunos casos, ni los tribunales que llevan sus casos saben dónde quedaron recluidos después del desalojo efectuado en abril de este año. En ese momento había entre dos mil 100 y dos mil 900 presos en el retén, que solo tiene albergue para 700.

Transparencia Venezuela, OVP y Codhez, no cesan en sus investigaciones y mucho menos en su búsqueda de información. “Hay que exigir formalmente información al Estado para que nos contesten; o si no nos contestan, para que quede la evidencia de que el Estado es renuente a rendir cuentas y a decir lo que es una competencia suya por obligación constitucional”, sentenció Urbina.