El diario plural del Zulia

Provea señala al Gobierno de querer ilegalizar a las ONG con nueva ley

La ONG cree que, al ser aprobada esta Ley, se estaría "profundizando la criminalización y persecución por la cooperación internacional", elemento importante para continuar con su trabajo

El Programa de Educación – Acción en Defensa de los Derechos Humanos (Provea) denunció en sus redes sociales que la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 estaría buscando ilegalizar las ONG dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos y a la sociedad civil con la aprobación de una ley denominada "de cooperación internacional".

Al igual que ocurrió en países como El Salvador, Bielorrusia y Nicaragua, siendo en este último donde se han proscrito decenas de ONG por supuesto financiamiento ilícito, Provea hizo el pronunciamiento sobre el tema y cree que, al ser aprobada esta Ley, se estaría "profundizando la criminalización y persecución por la cooperación internacional", elemento importante para continuar con su trabajo.

Al menos desde agosto de 2019 se está escuchando respecto a la iniciativa de ley para sancionar a aquellas ONG que reciban financiamiento del exterior.

En el programa 265 de "Con el mazo dando" del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, dijo que se aprobaría ese articulado para "sancionar severamente" a los que reciban dinero de EE. UU. para "conspirar" contra Venezuela, reseñó Tal Cual.

Desde mediados de abril de 2021, esa Ley de Cooperación Internacional se estuvo debatiendo en primera discusión en una comisión donde está presente Timoteo Zambrano y que en diciembre de ese año fue aprobada.

Ya en enero de 2022, Zambrano aseveró que se buscaba la aprobación en segunda discusión de este articulado, según una nota del Parlamento.

Un borrador de esta Ley refiere en su artículo 2 que se aplicará a "todas las actuaciones y actividades que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se relacionen con ésta y que impliquen, entre otros, la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, capitales y recursos públicos o privados, materiales, humanos, económicos, financieros, desde el exterior hacia la República Bolivariana de Venezuela y desde la República Bolivariana de Venezuela hacia el exterior".

Esta denuncia de Provea ocurre en un momento donde la Corte Penal Internacional está por reanudar la investigación por el caso "Venezuela I", en el que el Estado venezolano está acusado de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

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