La historia de los 59 colombianos presos por “paramilitarismo” en Venezuela

“Nosotros, en estos días, hemos actuando con las OLP, capturando mercenarios en la zona norte de Caracas (…) en Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos, con 92 colombianos allí, a 500 metros de Miraflores hace dos días”. Con estas palabras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió el pasado 1 de septiembre, a un procedimiento que a tres meses de ocurrido, condimenta la grave crisis diplomática entre Venezuela y Colombia.

Fue ese jueves, cuando Maduro se refirió en cadena nacional a la supuesta operación militar: “Capturamos a importantes dirigentes de la derecha golpista con planes para colocar bombas con armas, con miles de dólares falsos, y miles de dólares verdaderos con planes para atacar a su propia gente”.

Paramilitar. Esa fue la acusación que le hicieron al esposo de Cecilia* cuando él, asegura, ni siquiera había empuñado un arma, reseña el periódico El Colombiano, a quien la mujer asegura que su marido salió de su casa en Caracas rumbo a la barbería el 2 de septiembre y la Policía Nacional de Venezuela lo detuvo para una requisa.

“Los papeles, los papeles”, le dijeron los uniformados.

Él, un hombre que había migrado de Colombia a Venezuela diez años atrás para trabajar –en aquella época en que los colombianos partían al vecino país para buscar las oportunidades que acá escaseaban– sacó de su bolsillo su cédula colombiana ante la falta de documentos venezolanos. Como respuesta, lo montaron a una patrulla y se lo llevaron.

Esa historia se repitió, según el rotativo colombiano, 92 veces entre finales de agosto y comienzos de septiembre de ese año como resultado de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) por estar, supuestamente, indocumentados. ¿Casualidad?

Todo comenzó porque estaban “indocumentados” caminando por las calles de Caracas, donde vivían desde años atrás, y terminó en una celda en la comisaría de la Policía en La Yaguara, donde ajustan dos años y cuatro meses presos sin el debido proceso, pruebas en su contra, un lugar de detención indigno y sin garantías, tal como lo han denunciado sus familiares y organizaciones de Derechos Humanos.

Cecilia, madre de familia y esposa de uno de los presos, asegura que “han violado todos los derechos de los reos. No han dejado entrar a los abogados ni al consulado a las audiencias”.

Colombiano, no paramilitar

El supuesto clan paramilitar de Maduro es el mismo grupo de colombianos detenidos por no portar una nacionalidad venezolana, víctimas de un proceso irregular.

Cecilia se enteró de la situación ese mismo día, cuando un muchacho del barrio le contó que habían “agarrado” a su esposo y que sería deportado. Entonces, llamó a su suegra para pedirle que estuviera pendiente de enviarle los tiquetes de Cúcuta a Cartagena –porque la mayoría de los presos son de la costa– y ambas se quedaron esperando a que quedara en libertad: no fue liberado y menos deportado.

“Todos tienen historias diferentes. Venían desde sus casas en Caracas y los detienen por no tener documentos. Armaron un grupo de 92 porque Maduro dijo que tenía 92 paramilitares colombianos y quisieron reunir a este número indocumentados para hacerlos pasar como tal”, contó a El Colombiano una periodista venezolana.

Cerca de un mes después de la detención, ya en La Yaguara, se enteraron de que los cargos en su contra eran de paramilitarismo. Junto a ellos estaban 90 colombianos más, de los que quedan 59 porque 22 se escaparon, 7 fueron retirados por enfermedades graves y 4 recibieron medidas especiales por condiciones humanitarias (ver gráfico), según reseñó el periódico El Nacional.

Allí están recluidos en una habitación que funcionaba como dormitorio para policías. No hay baños ni servicio de agua potable, deben orinar en baldes, duermen en camas individuales separadas por telas que hacen las veces de cortinas, solo les dan una comida al día, muchas veces en estado de descomposición y con gusanos, y a falta de electricidad dependen de la luz del sol que entra por una claraboya en el muro. Son pocos los que han logrado salir de ese infierno de forma legal. Uno de ellos fue un colombiano que recibió una medida humanitaria tras la muerte de su esposa para poder hacerse cargo de su familia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reconoce estos casos como una “detención arbitraria”.

A finales de noviembre estas personas fueron imputadas cuando no sabían que estaban en un juicio y sin la presencia de sus familiares. Angélica Lugo, investigadora de la organización Una Ventana a la Libertad, que se encarga de velar por los derechos de los presos en el país, explicó que a ellos les improvisaron una audiencia en la comisaría y cuando se dieron cuenta les estaban leyendo los cargos (ver recuadro) por los que son señalados. Allí solo estaban la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Policía Nacional, todos representantes del régimen de Maduro, y no dejaron entrar a sus familiares ni a los abogados de la ONG Foro Penal.

Un padre de familia preso

“¿Por qué mi papá está ahí si es un hombre bueno?”: esa es la pregunta que recibe Manuela* de sus hijos tras la detención de su esposo, un albañil que fue privado de su libertad cuando caminaba rumbo a su trabajo el 2 de septiembre de 2016. “Simplemente le pidieron documentación, dijo que no tenía papeles venezolanos porque es colombiano, sacó su cédula y ahí lo montaron en un carro de la Policía”, cuenta, “dicen que son paramilitares, cosa que es falsa porque no los detuvieron en el mismo lugar, tenían procesos diferentes y se conocieron estando presos”, continúa.

Asegura que sus hijos y los de los demás presos están sufriendo. “Mi papá es un hombre honesto y no le hace daño a nadie”, clama uno de ellos, quienes llevan más de dos años separados de él a causa de esta detención arbitraria. Y a pesar de los llamados de organismos internacionales, los pronunciamientos de juzgados de Venezuela o los llamados de la Cancillería colombiana, siguen retenidos en la comisaría policial de La Yaguara.

En noviembre de 2017, el Juzgado Vigésimo Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó libertad plena para los ciudadanos de nacionalidad colombiana.

Después, el Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto la orden. El pasado 23 de diciembre el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que “la detención de los connacionales es arbitraria, y que, en consecuencia, el régimen venezolano debe disponer sin dilación alguna su liberación inmediata, y concederles el derecho a obtener una indemnización y una reparación adecuada”.

A este mismo llamado se ha sumado Colombia, tanto durante el gobierno de Juan Manuel Santos como el de Iván Duque. El Colombiano preguntó a la Cancillería sobre los procedimientos que se han adelantado para conseguir la libertad de estas personas.

El pasado 14 de diciembre esta cartera respondió que ha realizado 90 visitas consulares a los detenidos, 56 actividades con sus familiares, 13 asistencias médicas permitidas por las autoridades venezolanas, 18 entregas de alimentos y varias jornadas de entrega de útiles de aseo y alimentos, para atender sus necesidades básicas. Además, ha elevado 100 notas verbales al gobierno de Venezuela invocando la legítima protección de los derechos humanos de los 59 connacionales.

Los familiares de los venezolanos consultados para este artículo señalaron que han recibido apoyo de Colombia, pero el gobierno tiene las manos atadas porque estas personas solo quedarán en libertad cuando el gobierno de Maduro así lo considere. Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores no ostenta de competencia para conseguir la liberación de los colombianos detenidos en Venezuela debido a que no es apoderado de los connacionales privados de la libertad, es decir, no puede juzgarlos, decidir sobre su liberación o intervenir en las resoluciones que emita el gobierno venezolano.

Mientras eso pasa, Cecilia y Manuela seguirán esperando a sus esposos, padres de familia, compañeros de vida, aquellas personas que el régimen apartó de su lado cuando aseguró que eran paramilitares. Y junto a ellas, otras 57 familias aguardan por el regreso de este grupo de hombres que se conocieron en la comisaría de La Yaguara, y sin planearlo, tienen una historia de vida común: ser presos del régimen de Nicolás Maduro.