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Referéndum en Cataluña: la policía parlamenta pero no interviene

El gobierno del conservador Mariano Rajoy y la justicia española están decididos a prohibirlo, incluso haciendo que las fuerzas del orden bloqueen los accesos a los colegios electorales

Por parejas, policías catalanes empezaron alrededor de las 07H00 (05H00 GMT) a acercarse a los colegios electorales para hablar con los manifestantes que los ocupan, sin recurrir a la fuerza ni intentar desalojarlos, constataron periodistas de la AFP.

A las 06H50, frente a la escuela Vedruna de Gracia, que acoge estudiantes de 3 a 18 años, una pareja de Mossos d'Esquadra, la policía regional catalana, se abrió paso entre la multitud concentrada allí desde la madrugada.

Pero los dos agentes fueron bloqueados por los asistentes, que les bloquearon el paso al interior del centro. Entonces pidieron hablar con "los responsables", a lo que siguió un silencio y después un clamor: "¡Todos!".

Después uno de los dos agentes explicó que esperaría a tener a un responsable del centro y ambos se alejaron entre los aplausos de los concentrados: "¡Votaremos, votaremos!".

Enfrente de otra escuela de Barcelona, una periodista de la AFP también vio hacia las 07H00 a policías regionales observando el colegio electoral pero sin acercarse.

Otros contactos de la AFP en Barcelona fueron testigos de escenas similares en tres barrios distintos.

La justicia ordenó el miércoles que la policía regional desalojara a los manifestantes antes de las 06H00 de la mañana, ayudados eventualmente por la Guardia Civil y la Policía Nacional, que disponen de un despliegue de alrededor de 10.000 agentes de refuerzo en la región.

Pero los Mossos, cercanos a los catalanes y dependientes del gobierno regional independentista, respondieron que no desalojarían violentamente para evitar problemas.

España vive desde principios de septiembre una de las peores crisis de los últimos años tras la convocatoria del gobierno catalán de un referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia pero ampliamente reclamado por gran parte de la región desde 2012.

Aun así, los ciudadanos de esta región de 7,5 millones de habitantes y con un 20% del PIB nacional, están divididos casi a partes iguales sobre la independencia.

El gobierno del conservador Mariano Rajoy y la justicia española están decididos a prohibirlo, incluso haciendo que las fuerzas del orden bloqueen los accesos a los colegios electorales.

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