Expedientes de despidos de empleados públicos por firmar serán llevados a instancias internacionales
El coordinador nacional de Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Servando Carbone, ratificó que al menos un millar de trabajadores públicos han sido despedidos por firmar para convocar el referendo revocatorio.
“Tenemos una data fidedigna y la Asamblea Nacional (AN) está llevando la data formal”.
Precisó, en un programa radial que ha sido entregado un expediente con las pruebas a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “con vídeos y casos específicos en el Seniat, Velalum, Ferraminera, entre otros”.
“Es una acción del gobierno para atemorizar, pero tenemos garantías internacionales porque la OIT es un organismo como la ONU, que ahora le está diciendo a Venezuela que acepte la crisis humanitaria”, detalló el también coordinador de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos.
Carbone asegura que el Estado quiere poner a los trabajadores contra la pared y, a su juicio, la única salida es tomar acciones externas que permitan dar a conocer los abusos laborales que se cometen en el país. “Hasta el próximo jueves 28 de julio aceptaremos todas las quejas para emitirlas a la OIT a través del correo electrónico equiponacional ú[email protected]”
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV) Rodrigo Penso, coordinador del Frente autónomo en defensa del empleo y del salario –Fadess- destacó que actualmente elejecutivo está elaborando listas en todos los entes públicos hasta en el “mismo ejército”. “Todavía el ejecutivo no se ha avocado a un despido masivo, se calculan unas mil personas pero difuminadas en diferentes ministerios y organismos”.
El también coordinador del Movimiento Solidaridad Laboral agregó que la AN y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos -Provea- están documentando los casos. “En algún tiempo tendremos más gente dispuesta atestiguar y a correr el riesgo de que la despidan porque la mayoría de los casos son amenazas”.
Penso precisó que los trabajadores amenazados no están en cargos directivos porque en los empleados de dirección son amigos o familiares de gente vinculada al gobierno. “Hay compañeros que están trabajando hace más de 10 años y los botan sin darles su jubilación”, reseñó Unión Radio.
Señaló que también han denunciado ante el Mercado Común del Sur –Mercosur-, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Parlasur. “Denunciamos que es un gobierno que no es obrerista, un gobierno que ataca a la clase trabajadora”.
