Zulia: Ratifican condena a ocho exfuncionarios de PNB por violación y trato cruel contra joven
La Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia confirmó este lunes 6 de septiembre la sentencia de prisión para los exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) responsables de los delitos de violación y trato cruel contra un joven zuliano arbitrariamente detenido en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales en el año 2017.
La defensa de los condenados había interpuesto un recurso ante la Sala 1 de la Corte de Apelaciones para apelar la sentencia dictada el pasado 11 de mayo, por el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, que contempla una condena a 24 años y 3 meses de prisión.
La confirmación de esta sentencia recae sobre ocho exfuncionarios de la PNB: Alvis Labarca, Joxi Quiroz, Kendry Osorio, Paúl Bautista, Rolando Baleta, Carlos Contreras, y Manuel Chacón; así como también Lizusjey Niebles, en condición de arresto domiciliario. A su vez, la sentencia es extensiva para Michael González y Leonardo López, pese a que se encuentran evadidos, con una orden de captura por parte de la Interpol.
Este caso, representado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), comprende una serie de hechos que vulneraron derechos fundamentales de la víctima y que se configuran como graves violaciones de derechos humanos.
Durante su privación de libertad de manera arbitraria, el joven fue torturado con violencia sexual, razón por la cual Codhez alegó en su defensa tener convicción suficiente para juzgar a los acusados por el delito de tortura, dada la gravedad de los hechos y el daño ocasionado. Sin embargo, el alegato fue desestimado tanto por el Ministerio Público como por el Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.
Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes
Los hechos condenados tuvieron lugar el 20 de julio de 2017, mientras se desarrollaba una protesta en las adyacencias de la sede de Corpoelec en el sector Amparo de Maracaibo, estado Zulia, como parte del ciclo de manifestaciones antigubernamentales en el país.
En este caso, se destaca la detención arbitraria de la víctima, en perjuicio de sus derechos a la libertad personal y a la protesta pacífica, y la violación a su derecho a ser presentado ante el juez natural y debido proceso, puesto que el joven fue presentado ante tribunales militares contraviniendo lo dispuesto en la Constitución venezolana. Mientras estuvo privado de libertad, el joven fue víctima de abuso sexual por parte de los funcionarios custodios.
El primer informe emitido por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en septiembre de 2020, documenta este caso junto a otra serie de hechos suscitados el mismo día y que involucran a otras víctimas.
Hay motivos razonables para creer que se cometieron actos de violencia sexual y de género, incluida la violación contra C1EE09 (hombre) y otras formas de violencia sexual contra una niña de 13 años y una mujer, lo que equivale a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”, concluyó el informe de este mecanismo de las Naciones Unidas.
Asimismo, la Misión determinó que “los funcionarios de la PNB desplegados en Maracaibo como parte de una misión conjunta con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) bajo el mando de la Zona 11 de la GNB (Zulia) y el Centro de Coordinación Policial del Zulia participaron en los arrestos y detenciones arbitrarios, así como en la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violación y otras formas de violencia sexual”.
Codhez reitera que la condena es insuficiente para reparar el daño causado a la víctima, así como a sus familiares. Sin embargo, destaca la posibilidad de que la confirmación de la condena a los exfuncionarios de la PNB sea una referencia para el procesamiento de otros casos de violaciones a los derechos humanos, especialmente aquellos que involucran la actuación de funcionarios de seguridad nacional, tanto de fuerzas policiales como militares y que permanecen bajo la inacción del sistema judicial venezolano y, por tanto, en la impunidad.
La organización de derechos humanos insiste, además, en la urgencia de la aplicación de procesos de reparación para la víctima y su familia, por parte del Estado venezolano. De igual manera, reitera que el Estado debe asumir su responsabilidad de investigar, sancionar y prevenir los casos de tortura y otras violaciones de derechos humanos en el país.
