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Violencia e invasión de tierras, la denuncia desatendida de los campesinos venezolanos

Para el consultor jurídico de Fedenaga, Alexis Algarra, los 20 hechos violentos computados en lo que va de 2022 y los 480 que se registraron en 2021 son la consecuencia de que "no existe una política de seguridad orientada a la ruralidad"

En lo que va de año, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) lleva contabilizados una veintena de casos de "violencia en el campo", lo que evidencia el recrudecimiento de la ocupación e invasión de tierras, un problema que oprime a un sector agrícola que intenta levantar cabeza a pesar de las amenazas e, incluso, los asesinatos.

"Toda Venezuela está tomada por el hampa y exigimos que salgan de los cuarteles los militares para hacer su trabajo, porque nosotros estamos solos", fue el clamor del presidente de Fedenaga, Armando Chacin, quien, esta misma semana, aseguró que 14 personas fueron asesinadas en menos de un año, solo en unidades productivas del municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia.

Uno de los casos más recientes se produjo la madrugada del pasado 20 de marzo, según denunció Gerardo Ávila, uno de los directores de Fedenaga, quien aseguró que "un grupo de delincuentes" entró a su finca y asesinó "brutalmente" a cuatro de sus trabajadores.

"La madrugada de este domingo, cerca de la 1.00 a.m., fueron masacrados cuatro trabajadores de la finca San Tomé, ubicada en el kilómetro 48 de la vía Maracaibo-Perijá, en el municipio La Cañada de Urdaneta", reseñó la federación en comunicado de prensa.

Campesinos vs. delincuentes

Para el consultor jurídico de Fedenaga, Alexis Algarra, los 20 hechos violentos computados en lo que va de 2022 y los 480 que se registraron en 2021 son la consecuencia de que "no existe una política de seguridad orientada a la ruralidad".

"En la ruralidad, la presencia del Estado a través de sus cuerpos de seguridad sigue siendo escasa, y no solamente escasa, sino con recursos muy débiles", dijo el abogado a Efe.

Algarra, quien también es agricultor, señaló que la violencia que enfrentan los campesinos "tiene distintos rostros", pues, por un lado, reciben ataques constantes del "hampa común que atenta contra las unidades de producción" y, por el otro, de grupos de delincuencia organizada que invaden propiedades privadas y amedrentan a sus dueños.

"Tenemos la violencia generada por grupos de delincuencia organizada, que son grupos estructurados, organizados, dedicados a invadir de manera violenta unidades de producción, predios rústicos en la ruralidad", detalló.

Aseguró que, ante estos hechos, a los dueños de tierras les ha tocado lidiar con la delincuencia y sumarla a las dificultades que el ganadero debe enfrentar para producir en Venezuela, un país en el que se implementó como política de Estado, tras la llegada de Hugo Chávez, el "rescate" de tierras al que los ganaderos denominan "invasión".

"El Estado ha intervenido más de 10 millones de hectáreas, según cifras del propio Instituto Nacional de Tierras. Nosotros nos atrevemos a decir que ni siquiera el 30 % de esas 10 millones de hectáreas, que estaban otrora productivas, hoy día están en producción", aseveró Algarra.

Del otro lado, el Gobierno insiste en que "ha recuperado más de 12 millones de hectáreas desde 2003", y que esperan "cerrar este 2022 con más de 600.000 hectáreas regularizadas a más de 22.000 campesinos y productores", tal como afirmó el presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), David Hernández, en una entrevista ofrecida al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) este miércoles.

Sobrevivir al asedio

En la misma entrevista, Hernández aseguró que "siempre" van a "rechazar cualquier ocupación ilegal, en cualquier tipo de tierra y en cualquier estado del país".

Pero en la práctica, la propietaria de la unidad de producción San Roque en el Zulia, Daniela Pérez, da fe de las irregularidades que viven quienes, como ella, denuncian la invasión de sus tierras.

"En agosto de 2017 fuimos víctimas de una ocupación ilegal o de una invasión por un grupo de gente que entró de manera violenta e invadió 56 hectáreas de las 176 en total", detalló Pérez a Efe.

Desde entonces, ella y su familia han intentado que el Estado los respalde en el desalojo de los invasores, ya ordenado por el INTI en 2018, pero, lejos de conseguir el respaldo que esperan, han sido víctimas de intentos de extorsión en dos ocasiones, de dos amenazas de muerte y un atentado al que Pérez sobrevivió.

"El 26 de enero, aproximadamente a las 9:00 de la mañana, un motorizado con un parrillero me seguían desde mi casa hasta la unidad de producción y lograron impactar la camioneta con cinco balas (...) Yo iba en la camioneta, sola", relató.

Pese al atentado, Pérez se mantiene firme en su exigencia de justicia y sigue produciendo, mientras espera "que se haga justicia" y que la dejen "trabajar en paz".

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