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Van siete veces que difieren audiencia de juicio de exfuncionarios implicados en torturas

Dificultades en el traslado de los procesados y la ausencia de los fiscales de la causa han impedido el comienzo de juicio

Para hoy 21 de noviembre, en horas del mediodía, estaba prevista la audiencia de juicio de los ocho exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acusados de violación y tratos crueles en contra de un joven estudiante en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales de 2017.

La audiencia fue diferida por séptima vez consecutiva en menos de cuatro meses por razones relacionadas con el traslado de los acusados y la falta de comparecencia de los representantes del Ministerio Público. El caso que representa la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) ha sido diferido en anteriores ocasiones por razones similares relacionadas a retrasos judiciales y la inasistencia de los representantes fiscales.

La causa que actualmente conoce el Juzgado Tercero de Juicio, a cargo de la jueza suplente Deisy Hernández, ya tiene un historial de dilaciones procesales. En 2018, la audiencia preliminar ante los juzgados de control fue diferida seis veces hasta que finalmente pudo desarrollarse el pasado mes de diciembre.

El caso se relaciona con la detención arbitraria del joven estudiante, ocurrida el pasado 20 de julio de 2017 durante una protesta en las adyacencias de la sede de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) del sector Amparo, en la capital zuliana.

Desde Codhez se reitera que el retardo procesal inherente al sistema judicial venezolano es uno de los grandes obstáculos para que las víctimas puedan acceder a la justicia en el país, siendo además un elemento que promueve la multivictimización, al no poder configurarse la reparación debida ni la sanción a los responsables.

La organización de derechos humanos insiste además que este caso presenta elementos de convicción que prueban la perpetración de tortura, y no obstante, los exfuncionarios serán juzgados por los delitos de violación y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Un juzgamiento bajo este calificativo disminuye las posibilidades para la obtención de una justicia plena.

En los últimos años, en Venezuela se ha observado el incremento de las denuncias por tortura y tratos crueles en el país, un hecho documentado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su reciente visita al país. Desde el Estado venezolano no ha existido una respuesta firme en contra de estas denuncias y el castigo a los responsables. Codhez exhorta que los tribunales nacionales actúen con la debida diligencia para investigar y sancionar a los responsables de torturas en el Zulia y el resto del país.

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