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Saab: Se han imputado a 565 funcionarios por violaciones de derechos humanos

Fueron aprehendidos un total de 447 funcionarios de distintos organismos y 21 particulares, para un total de 468 privados de libertad, aseguró máximo representante del Ministerio Público

El fiscal General de la República, Tarek William Saab, reveló que desde agosto de 2017 el Ministerio Público ha presentado 565 imputaciones en contra de funcionarios de seguridad del Estado por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, el titular de la institución respondió al contenido del informe de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela que fue publicado esta semana, en una rueda de prensa conjunta con el Canciller de la República, Jorge Arreaza.

Es un informe elaborado por una comisión ad hoc, pagado por el Grupo de Lima, y presentado sin prueba alguna, sin estar en el terreno para desde la distancia distorsionar el tema de los derechos humanos en Venezuela y su judicialización”, opinó Saab.

Actuación institucional

Sobre el total de imputaciones ejecutadas por el órgano garante de la legalidad por violaciones a los derechos humanos desde hace poco más de tres años, el alto funcionario explicó que 143 pertenecían al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y 138 a la Policía Nacional Bolivariana (PNB)”.

Adicionó además que “fueron aprehendidos un total de 447 funcionarios de distintos organismos y 21 particulares, para un total de 468 privados de libertad, de los cuales 109 pertenecían a la PNB”.

En tal sentido, Saab detalló que “en este periodo han sido acusados un total de 804 funcionarios y 123 civiles, lo que hace un total de 927 acusados a través de la presentación de 375 acusaciones”.

Asimismo, explicó que entre los acusados destacan 234 funcionarios de policías estadales, 158 funcionarios del Cicpc, 153 de la PNB y 92 de la Guardia Nacional Bolivariana.

Adicionalmente, fueron sancionados mediante sentencia condenatoria un total de 127 funcionarios de seguridad del Estado y 13 civiles para un total de 140 condenados; siendo 36 de la PNB y 26 de la GNB”, puntualizó Saab.

Como parte del proceso integral de ivestigación por violaciones a derechos humanos, el alto funcionario comentó que “fueron asistidas un total de 3.246 inspecciones técnicas en el sitio del suceso, en conjunto con los órganos auxiliares de investigación penal, y fueron presenciadas un total 11.102 autopsias”.

Sin metodología

En relación con las cifras presentadas por el mencionado informe, el Fiscal General cuestionó la veracidad de las denuncias y cuestionó la metodología para validar los casos; debido a que no cuentan documentación ni investigación in situ.

El vocero institucional consideró que los creadores del informe “le hacen el juego a la política de Estados Unidos, que utiliza este tipo de informes y declaraciones para promover la agresión contra la institucionalidad democrática venezolana”.

Además, consideró que el texto “desconoce de manera absoluta y con total irrespeto el trabajo diario, sistemático que se hace desde el terreno, atendiendo y acompañando a las víctimas que hacen el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo y los tribunales penales ordinarios”.

Este tipo de informes son una falta de respeto a los valientes fiscales que estudian y tienen propiedad para revisar leyes, presentarse en tribunales, celebrar audiencias y lograr los resultados que estoy mostrando”, añadió Saab.

Cooperación institucional

Como parte del trabajo transparente que se ejecuta desde el Ministerio Público, el Fiscal General recordó que “hace apenas unos días estuvieron acá dirigentes y directores de la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), Michelle Bachelet; a quienes les dimos avance de los trabajos realizados”.

Hemos compartido información, mantenemos contacto permanente y se renovó dicha coordinación. Mantenemos la relación interinstitucional. Por tanto, el trabajo hecho por la ACNUDH echa por tierra este panfleto mediocre, sin sustento que burla y ofende a activistas de derechos humanos que trabajan en la materia”, analizó Saab.

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