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Remueven a fiscal del Zulia señalada de cobrar dólares a un procesado

La fiscal 51° de Maracaibo (Zulia), Laura Isabel Wer Parra, supuestamente telefoneó al imputado y le exigió los dólares para “salvarlo”.

La fiscal 51° de Maracaibo (Zulia), Laura Isabel Wer Parra, fue destituida porque presuntamente estaba exigiendo una suma en dólares a un procesado para eximirlo de responsabilidad penal, según fuentes del sistema de justicia.

Wer Parra supuestamente telefoneó al imputado y le exigió los dólares para “salvarlo”. La conversación quedó grabada y se oye cuando esta funcionaria le dice al procesado lo siguiente: “ya el jefe me dijo ‘háblale claro al muchacho, pregúntale qué ofrece, qué es lo que él va a entregar, por lo menos 200 dólares’; pero movéte porque yo no te quiero hacer un daño a vos”, reseñó Últimas Noticias.

La representante del Ministerio Público le explicó al procesado que les giraron instrucciones de cerrar 60 expedientes, entre los cuales figura el de él. “Montate el jueves para que me entreguéis el jueves, para el viernes traerte el soporte del cierre de la causa para salir de eso porque yo no te quiero perjudicar, pa’ que vos quedéis presentándote”.

Los dólares que presuntamente está solicitando la fiscal eran para su personal porque a ella no le ha ido mal, según sus palabras. “Pero mi personal es el que necesita”, le dice supuestamente la fiscal al imputado quien le apoya en ese criterio al decirle que “hay que repartir para todos… uno tiene la torta y tiene que darle un pedacito a cada uno”. “A caaada uno”, le responde la Fiscal.

De acuerdo con el Ministerio Público, Wer Parra, habría violado la Ley Contra la Corrupción, Título 4, Art. 47, de la corrupción privada: "Quien por sí o por personal interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones u organizaciones un beneficio o ventaja, de cualquier naturaleza, para que la favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la prestación de servicios, será sancionado con pena de prisión de 2 (dos) a 6 (seis) años".

Con la misma pena será castigado el directivo, administrador, empleado o colaborador, que por si, o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte, dicho beneficio o ventaja, reza el artículo.

 

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