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Provea: Zulia es el estado venezolano “con mayor cantidad de ejecuciones” extrajudiciales

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODHEZ, organización con la que trabajaron Provea y el Centro Gumilla para el estudio, registró 377 casos los primeros seis meses del año, expuso Marino Alvarado, coordinador de investigación y difusión de Provea

El primer semestre de 2020, más de 1.500 personas murieron a manos de la fuerza pública venezolana, siendo el estado Zulia, el más poblado del país, el más afectado. Esto según un registro realizado por la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, y el Centro Gumilla.

Marino Alvarado, coordinador de investigación y difusión de Provea, conversó con la Voz de América sobre el registro y aseguró que, si bien puede haber casos donde las muertes se dieron durante enfrentamientos, como generalmente informa la versión oficial, la mayoría son ejecuciones extrajudiciales.

“En la gran mayoría de los casos estamos convencidos que son ejecuciones. Puede haber excepciones donde realmente se ha producido algún enfrentamiento, e incluso produciéndose enfrentamiento, principalmente no hay un uso de la fuerza de propiedad como lo establece la ley”, afirmó Alvarado.

La mayoría de estos asesinatos, adelantó Alvarado, se producen minutos o poco tiempo después de haber detenido a la persona o ésta aparece muerta después en otro sitio.

Provea y el Centro Gumilla comenzaron en agosto 2019 el monitoreo nacional de lo que denominaron la “violencia institucional policial y militar”, para la realización de este estudio.

El equipo encargado realiza seguimiento a medios de comunicación, minutas de organismos policiales y contacta con los familiares de la víctimas para la obtención de datos.

“Eso nos permite tener una visión bastante amplia”, indicó Alvaro, aunque aseguró que están conscientes de que hay un subregistro que el estudio no lograr cubrir.

Más de 300 fallecidos

“El estado más crítico es el estado Zulia, que por segundo año consecutivo es el estado con mayor cantidad de ejecuciones”, afirmó Alvarado a la VOA.

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODHEZ, organización con la que trabajaron para el estudio, expuso Alvarado, registró 377 casos los primeros seis meses del año.

Una de las peculiaridades que tiene este estado, apunta Alvarado, es que la institución que tiene más casos es la policía del propio estado. En el caso específico del Zulia, ni autoridades del gobierno estatal ni policiales se han expresado sobre los señalamientos hasta el momento, y tampoco lo han hecho en oportunidades anteriores.

Otro estado sobre el que el defensor de DD.HH. expresó preocupación es Lara, en el occidente del país, con 135 víctimas. Aseguró que en este caso, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional han sido el cuerpo policial “más letal”.

La situación no es mucho mejor en la capital del país y sus alrededores. El estudio registró 72 asesinatos en el Distrito Capital y otros 129 en el estado Miranda; siendo los meses de enero, febrero, e incluso mayo, ya bajo el contexto de la pandemia, cuando hubo más casos.

Sobre las víctimas, el coordinador de la ONG expone que un 80 por ciento son jóvenes entre 18 años y 30 años y casi su totalidad, un 93 por ciento, son de familias humildes.

Razones y un llamado de acción

Esta letalidad policial tiene que ver, en opinión de los defensores, con tres razones principales. La primera, expuso Alvarado a VOA Noticias, es el “aliento que desde el alto gobierno” se da a los cuerpos policiales para que actúen “con toda arbitrariedad”.

En segundo lugar, continúa, es la impunidad o “el silencio” de las autoridades competentes, y en tercer lugar se encuentra el comportamiento del propio poder judicial.

El defensor apunta que “los mecanismos internacionales de investigación deben activarse ante una estructura de impunidad”.

Uno de los llamados que hacen organizaciones a las autoridades es cumplir con el llamado que ha hecho la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, de disolver la FAES.

Por su parte, en declaraciones ofrecidas al canal oficial a finales del mes pasado, el fiscal general designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que en el país había un “sentido de justicia frente a la violación de Derechos Humanos” y descartó que hubiese impunidad en esa materia.

En diciembre del año pasado, durante un acto de condecoraciones, el presidente en disputa Nicolás Maduro indicó que había una “campaña de descrédito” en contra de la FAES y que son los funcionarios de la Policía Nacional son los primeros que deben respetar la ley.

Si bien han ido publicado los datos de algunos estados, Provea y Centro Gumilla tienen estipulado presentar el análisis de los datos del primer semestre del año este domingo. VOA.

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