Por novena vez difieren audiencia de juicio contra ocho exfuncionarios señalados de torturas
Por novena vez consecutiva fue diferida, este miércoles 15 de enero, la apertura de juicio de los ocho exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) imputados por violación sexual y tratos crueles en contra de un joven estudiante, en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales de 2017.
En esta oportunidad, las razones no estuvieron relacionadas a la inasistencia de los representantes fiscales ni a inconvenientes relativos al traslado de los acusados, como ocurrió en los ocho diferimientos anteriores que ha presentado el juicio oral. Esta vez la apertura de juicio fue diferida por la incomparecencia de dos defensores de los acusados.
Estando a escasos cuatro meses de cumplirse dos años de la detención de los exfuncionarios implicados en el caso de tortura, efectuada en mayo de 2018, todavía no se ha avanzado más allá de la fase intermedia del proceso judicial que representa la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).
Cabe resaltar que, según el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, las medidas de coerción personal no podrán sobrepasar el plazo de dos años y, cuando existan causas graves que justifiquen el mantenimiento de estas medidas, próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el Fiscal podrá solicitar prórroga. Esto, en caso de que la dilación del proceso sea atribuible a los imputados, el acusado o los defensores.
Sin embargo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa en su artículo 29 que el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, y que dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.
Desde Codhez se reitera que el retardo procesal inherente al sistema judicial venezolano sigue obstaculizando que las víctimas puedan acceder a la justicia en el país y promueve la multivictimización, al imposibilitar la reparación debida y la sanción a los responsables.
La organización de derechos humanos insiste en que este caso presenta elementos de convicción que prueban la perpetración de tortura, tal como se solicitó en la acusación presentada por Codhez. No obstante, los exfuncionarios solamente serán juzgados por los delitos de violación sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Un juzgamiento bajo este calificativo disminuye las posibilidades para la obtención de una justicia plena.
En los últimos años, en Venezuela se ha observado el incremento de las denuncias por tortura y tratos crueles en el país, hecho que fue documentado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su visita al país. No ha existido una respuesta firme en contra de estas denuncias y el castigo a los responsables por parte del Estado venezolano. Codhez exhorta a los tribunales nacionales a que actúen con la diligencia esperada para investigar y sancionar a los responsables de torturas en el Zulia y el resto del país.
