OVP denuncia ante CIDH las precarias condiciones que viven los presos en Venezuela
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (Cidh) las precarias condiciones en las que viven los privados de libertad en Venezuela,
La ONG que defiende los derechos de los reclusos fue la única organización venezolana que participó en la 183 periodo de sesiones de la CIDH.
OVP denuncia en la @CIDH las precarias condiciones que viven los presos en las cárceles venezolanashttps://t.co/pw1OOFp9nD
— Obs. V. de Prisiones (@oveprisiones) March 18, 2022
En su participación, detalló que en el país hay 52 centros de reclusión, 35 para hombres, una cárcel de mujeres y 16 anexos femeninos. Señaló que la capacidad instalada en los penales del país es para 20.438 personas y la población reclusa es de 32.200, lo que equivale a un hacinamiento del 158 %.
El OVP explicó que en el país hay al menos 2.500 mujeres detenidas, de las cuales 1.900 viven en anexos femeninos, que no cuentan con las condiciones para la permanencia de mujeres, recoge Efecto Cocuyo.
La organización denunció que en los centros de detención preventiva permanecen detenidas 35 mil personas, a pesar de que estos fueron diseñados para una permanencia máxima de 72 horas, según las leyes venezolanas.
Condiciones
Carolina Girón, directora del OVP, aseguró que de las personas detenidas en cárceles, solo el 53 % se encuentra procesados, y aproximadamente existe un retardo procesal de al menos 70 %.
En la audiencia, describió la situación inhumana en la que conviven los privados de libertad en Venezuela donde “carecen de servicios públicos adecuados, no hay agua potable, el servicio de electricidad es oscilante, igual que en las regiones del país, tampoco cuentan con servicio de gas doméstico regular, y los desechos sólidos no son recolectados con regularidad”.
Girón denunció ante la CIDH que en Venezuela existen diversas modalidades en el control de los centros penitenciarios del país y uno de ellos es donde los presos tienen el control total, mandado bajo la figura de los “pranes” quienes tienen el control total, tanto a lo interno como lo externo.
La defensora de derechos humanos asegura que el 59 % de la población vive bajo las condiciones de los llamados pranes.
Indicó que también existe una segunda modalidad donde los pranes y autoridades del penal controlan el recinto, ambos tienen su cuota de poder es al 12 % de la población penitenciaria que se encuentra en esta situación, el 29% restante se encuentra bajo lo que el gobierno ha denominado Nuevo Régimen Penitenciario.
“En las cárceles controladas por los internos, se debe pagar al líder sumas de dinero en efectivo o por transferencias bancarias, actualmente en dólares americanos, para comer, para tener un sitio adecuado, para todo se paga en la cárcel. Inclusive ordenan traslados de presos a otros penales y también deciden quién se queda y quién no. Manejan tal cantidad de dinero que realizan construcciones dentro de las cárceles, tales como piscinas, discotecas, canchas deportivas, realizan espectáculos a los que acuden artistas nacionales e internacionales”, detalló Girón.
Vulnerables
La organización denunció que a los presos pertenecientes a la comunidad Lgbtiq+, son usados dentro de los penales para hacer labores de limpieza, o son obligados a prostituirse y sufrir abusos sexuales a voluntad del líder y su camarilla.
Mientras que las mujeres en prisión tan solo cuentan con una cárcel femenina en todo el país, el resto son anexos adaptados de forma improvisada en cárceles de hombres, que igual no cuentan con una estructura adecuada para su reclusión.
A las mujeres se les priva del consumo de agua y alimentos, no cuentan con atención médica, ni acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, no existe personal capacitado en materia de perspectiva de género, no cuentan con insumos básicos ni acceso a toallas sanitarias. No disponen de espacios adecuados para recibir las visitas de sus hijos y se les ha privado del derecho a la visita conyugal.
En los últimos años, en OVP han aumentado las denuncias recibidas sobre maltratos, y violaciones a privadas de libertad dentro del recinto.
La directora de OVP expuso frente a la CIDH que no existe personal médico dentro de los penales, “como práctica recurrente hemos identificado que, cuando el interno se encuentra con graves condiciones de salud, es que se solicita el traslado, prácticamente para que la persona muera en el centro hospitalario”.
Desde el 2017 en adelante se evidencia cómo han aumentado las muertes en prisión por tuberculosis y desnutrición.
Girón comenta que la TBC es una enfermedad típica de prisión por lo que ningún preso debe morir, pero en Venezuela tanto las pruebas como el tratamiento para la tuberculosis son del monopolio del Estado, por lo tanto solo el 10 % de los presos con esta enfermedad cuentan con un diagnóstico como tal y son los que reciben el tratamiento.
Presos muertos
Desde el 2017 hasta enero 2022, han fallecido en los Centros Penitenciarios 960 personas, de las cuales 412 fueron por desnutrición. Lo que significa el 43 % de los fallecidos.
Mientras en los calabozos en el mismo periodo murieron 770 detenidos y 261 por desnutrición, en total 1730 presos han muerto, de las cuales 773 fallecen por desnutrición.
