El diario plural del Zulia

ONG: Estado Bolívar ha registrado 14 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante 2022

Codehciu continúa alertando sobre muertes potencialmente ilícitas y presuntas violaciones al derecho a la vida al sur de Venezuela

Durante los primeros dos meses del año 2022, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) registró 14 presuntas ejecuciones extrajudiciales, o muertes potencialmente ilícitas, en el estado Bolívar. Febrero contabilizó cuatro víctimas más que enero; además, la organización alertó sobre el caso de seis hombres ejecutados en el municipio de El Callao.

Sucre, Caroní, El Callao y Sifontes fueron los escenarios de la violencia policial y militar en febrero.

En la primera semana de febrero, medios de comunicación regionales reportaron que seis miembros de la banda “El Perú” fueron ejecutados en El Callao, durante un “presunto enfrentamiento” con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Los nombres de las víctimas fueron omitidos en las publicaciones de los portales web de la prensa, que tomaron la información únicamente de la fuente oficial.

Se trató del operativo policial-militar más violento en lo que va de año en Bolívar, debido a la cantidad de víctimas. Aun así, durante el mismo mes, el monitoreo de Codehciu pudo registrar tres casos más. Uno de ellos es el de Johan Alexis Resistido Sánchez, hombre de 32 años ejecutado el jueves 10 de febrero.

Resistido fue ejecutado en el municipio Caroní por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). El Diario Primicia reseñó que los funcionarios dieron orden de alto al hombre, quien según la versión oficial estaba implicado en el homicidio de un estudiante el año pasado, pero este supuestamente se enfrentó a ellos con arma de fuego.

“El Chipi” era el apodo de Resistido, quien huyó en un vehículo gris. Primicia narró que el sujeto fue ejecutado luego de haber disparado a los efectivos policiales.

Denilo José Arias fue otra víctima de presunta ejecución extrajudicial, en el municipio Sucre. La Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue el órgano responsable de la muerte de este hombre, presuntamente líder de una banda criminal.

Por otro lado, en la tercera semana de febrero los medios regionales informaron sobre la muerte de Julio César Herrera, de 28 años, ejecutado por efectivos de la GNB en el municipio Sifontes. Este caso tiene un elemento que lo diferencia de los anteriores registrados por la organización entre enero y febrero, debido a que es el primero en el que la versión oficial es desmentida por vecinos y allegados de la víctima.

El derecho a la vida está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Pero la fuerzas policiales y militares venezolanas ejecutaron a 1.414 personas durante 2021, según el monitoreo realizado por Provea en alianza con el Centro Gumilla.

Las cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) alertan que Bolívar es el tercer estado más violento de Venezuela, y tiene a tres de los municipios más violentos del país: El Callao, Sifontes y Roscio. Codehciu, en su monitoreo de presuntas ejecuciones extrajudiciales, contabilizó 74 violaciones al derecho a la vida en la entidad, durante 2021.

La organización defensora de derechos humanos exhorta al Estado venezolano a:

Garantizar el derecho a la vida de las venezolanas y venezolanos en el estado Bolívar.

Garantizar el debido proceso para todas y todos.

Garantizar justicia y reparación a los familiares de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Educar a sus funcionarios, tanto de cuerpos policiales como militares, en materia de derechos humanos y uso de la fuerza.

Realizar investigaciones pertinentes, eficaces e imparciales, que determinen quiénes son los responsables de estas violaciones de derechos humanos que dejan a tantas familias bolivarenses en luto.

Garantizar el monitoreo constante y el acceso a la información pública referente a estas violaciones al derecho a la vida, al debido proceso y a la integridad de las personas.

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