El narcotráfico mancha la imagen de la FANB
El decomiso de 349 panelas de cocaína de alta pureza en el Aeropuerto Internacional La Romana, República Dominicana, sobreexpone de nuevo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tras una operación binacional que permitió la captura de militares en Barquisimeto y que hoy deriva en un escándalo en la isla antillana por la relación de otros cinco venezolanos con el alijo.
El Ministerio Público presentó ante un tribunal de control de Lara a los sargentos Franklin Pérez Peña, Roberto Sivira Fernández y Onésimo Romero Hernández, adscritos a la GNB, presuntamente vinculados con la incautación.
El alijo fue transportado en un Cessna C404. La jueza Aristida Mercedes, de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, fue suspendida de su cargo tras disponer la libertad pura y simple de los cinco involucrados que iban en la avioneta.
Luego la Dirección Nacional de Control de Drogas detuvo a Carlos Justiniano (55), en el aeropuerto, y a Jorge Henríquez (44); Gregory Frías (23); Gerardo Díaz (38) y Jean Díaz (35) en la vía a Santo Domingo.
En República Dominicana, hasta la fecha, el juez Ismael Nehemías Ramírez, aplazó por cuarta vez la audiencia de revisión de la medida de coerción a los cinco venezolanos acusados de narcotráfico hasta que la SupremaCorte de Justicia decida sobre unapetición de declinatoria del caso hacia otra jurisdicción.
Descomposición
Marcos Tarre, experto en materia de seguridad, asegura que estos delitos, protagonizados por militares activos, evidencian la descomposición que existe dentro del seno de la FANB y que las respuestas que dan las autoridades de que los oficiales no representan a la institución son muy débiles. “Cuando una situación de estas se presenta sabemos que han ocurrido mucho más que esas. Hay que empezar a evaluar cómo están los procesos de supervisión”.
Emblemático
La foto de los 450 kilos de cocaína que trasladaba Juan José Sorja Ojeda, mayor activo del Ejército y custodio de Hugo de Los Reyes Chávez, dio la vuelta al mundo en víspera del 14 de febrero pasado. El oficial conducía un convoy cuando fue detenido en la alcabala “El Quebradón”, del estado Mérida. El alijo estaba oculto en el doble fondo del camión del Ejército.
Sorja Ojeda, hoy privado de libertad, pertenecía a la 93 Brigada Caribe Especial de Seguridad y Desarrollo “G/J Ezequiel Zamora” del Ejército Bolivariano, acantonada en Barinas y llevaba 15 años a la sombra del padre de Hugo Chávez Frías. Era apoderado de grandes privilegios. Con él iban a bordo de la unidad militar siete hombres, quienes usaban uniformes y usurpaban identidades militares.
El día de la detención de Sorja Ojeda, a unos 240 kilómetros de distancia, la Unidad Regional de Inteligencia Antidroga del estado Zulia, detuvo en Maracaibo al Primer Teniente del Ejército, Yorjan José Ojeda Páez, a quien se le incautaron 500 panelas de marihuana y 10 de presunta cocaína, ocultas en 15 cajas de cartón. “Esto salpica a la FANB y al Gobierno. En todos estos casos de tráfico de droga es obviamente con el fin de lucrarse; pero no solo eso, abusan de la confianza que le ha dado el Estado y el pueblo venezolano”, afirma Tarre.
¿Está la FANB integrada por delincuentes que se aprovechan de su jerarquía para delinquir? La duda ya es grave. Se habla de redes internacionales y operaciones criminales desde los mismos puestos de supervisión.
Para Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, lo ocurrido apunta a la existencia de carteles de droga con tentáculos militares. Se refiere al caso de Sorja Ojeda: “La incautación de grandes alijos de cocaína en Zulia y Mérida tiene patrones comunes y habla de una guerra de carteles”.
San Miguel considera que es necesario estudiar la funcionalidad de la FANB, el rumbo que ha tomado en los últimos años y evaluar los dilemas en los que está involucrada. Aseveró que es evidente la presencia de carteles de droga en el país, pero asegurar que jefes militares son los “cabecillas” está por demostrarse aún.
En materia de Derechos Humanos, la profesora Flor Ávila destacó que urge revisar por qué un organismo, con tantos antecedentes perversos, está encargado de velar por la seguridad del país: “Este tipo de delitos atenta contra los Derechos Humanos. Se viola el derecho a la vida, la paz, alteración del orden público, en muchos casos involucran a niños y adolescentes. Son redes de tráfico de droga que amenazan a Venezuela”.
Ávila cree que la impunidad lleva a que las cadenas de narcotráfico no cesen. “Hay que adoptar las medidas de rigor para acabar con esto. El Estado queda muy mal parado, existe una descomposición en las instituciones públicas y se debe trabajar en acabar con ello”.
