De 14 muertes en las protestas de 2017 en Zulia 12 están impunes
La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) presentó su informe anual sobre la situación general de los Derechos Humanos en la entidad
Apenas dos casos de 14 muertes ocurridas durante protestas antigubernamentales, entre abril y julio de 2017, han sido atendidos por los tribunales del estado Zulia; el deceso del estudiante de Medicina y rescatista, Paúl René Moreno, ocurrido el 18 de mayo, en la avenida que lleva su nombre, antigua Fuerzas Armadas, y el del estudiante de Contaduría de Urbe, Luis Enrique Vera Sulbarán, que se suscitó por Plaza de Toros.
En los otros 12 casos no ha habido señalamiento de responsabilidades, alertó la coordinadora general de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), abogada Daniela Guerra, al presentar el informe anual sobre la situación general de los Derechos Humanos, en la entidad, para 2017.
Debe recordarse que en el caso de Moreno, arrollado el pasado 18 de mayo durante una toma de calle, la Corte de Apelaciones del Zulia revirtió la sentencia de medida cautelar a favor de Omar Barrios, señalado de causar la muerte del rescatista de la Universidad del Zulia (LUZ). Barrios había sido sentenciado, por el Juzgado Sexto de Control del Zulia, a un año y siete meses de prisión y le otorgaron una medida cautelar con régimen de presentación ante el tribunal, cada 15 días. Esas medidas fueron anuladas.
Sobre la muerte de Luis Vera, arrollado el 15 de junio, en la Circunvalación 2, el Juzgado Décimo de Control del Zulia cambió la acusación fiscal del delito de homicidio calificado, por homicidio culposo. El abogado del estudiante, Jonathan Crespo, apeló la decisión y se espera que la Corte de Apelaciones dé respuesta.
Casos sin culpables
La abogada Guerra ofreció su conferencia desde el Hall de Presidentes de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Ahí presentó el informe anual para los casos violatorios de Derechos Humanos, en Zulia.
Recordó, además de los casos de Moreno y de Vera, los de las otras 12 personas fallecidas por diversas causas, en el marco de las protestas de 2017.
Por ejemplo, ningún tribunal conoce sobre el asesinato de Mike Medina, ocurrido a principio de mayo, en la Circunvalación 1, durante el cierre de la arteria vial, a manos de oficiales. Tampoco el homicidio, por parte de la Guardia Nacional (GNB), a Adrián Duque, el pasado 24 de mayo, durante la represión de otra protesta, en Torres de El Saladillo.
Se espera que la justicia conozca del crimen contra Luis Alberto Montiel, ocurrido el 27 de junio, en el sector La Tubería, cuando saqueaban una ferretería. Así como el deceso del quiceañero Jean Luis Camarillo, suscitado el 20 de julio cerca del puente Pomona, hecho perpetrado por motorizados armados, que dispararon a protestantes en la zona.
Otro fallecido a disparos, Miguel Urdaneta, de 25 años, durante el suceso que se registró el 30 de julio en San Isidro, por motorizados armados, tampoco tiene culpables.
El otro arrollado en las manifestaciones de 2017 fue Luiyín Paz, de 20 años, durante una protesta, el 28 de junio, a la altura del Distribuidor Perijá, en la Circunvalación 1.
Las otras seis muertes se produjeron: en un saqueo, donde pereció electrocutada una mujer; durante el lanzamiento de una bomba molotov contra un camión, que rebotó en la moto donde viajaban dos víctimas, en la calle 100 Sabaneta; en un evento donde el infortunado trató de esquivar escombros en la avenida La Limpia, pero volcó su carro; durante el incendio de la sede de Inavi, el 20 de julio, y en un enfrentamiento ocurrido en Santa Rita, cuando el infortunado presuntamente robó un fusil, en una escuela de Punta Iguana.
