Codhez registra 377 muertes por presunta violencia policial hasta junio de 2020 en el Zulia

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó el Boletín de julio 2020 sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia, que se centra en la documentación de hechos de violencia que involucran a funcionarios de seguridad del Estado venezolano, ocasionando la muerte de 377 personas desde enero hasta junio de este año.

Estos datos, resultantes de un monitoreo de los medios de comunicación de la región, evidencian que tanto la violencia policial como las muertes potencialmente ilícitas asociadas a ella tienden a incrementarse. Para Codhez esto supone la inobservancia del Estado venezolano respecto a los principios básicos de respeto a los derechos a la vida y a la integridad personal, y el incumplimiento de dos de los valores superiores de su ordenamiento jurídico y actuación, como son la vida y la preeminencia de los derechos humanos, tal como está previsto en el artículo 2 de la Constitución.

En el Informe anual 2019 sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia de Codhez, durante todo ese año ocurrieron 497 hechos violentos y 657 muertes por presunta violencia policial. Para el primer semestre de 2019, el número de hechos violentos alcanzó los 187 casos. Entre tanto, en este primer semestre de 2020 se verificaron 262 hechos violentos, lo que se traduce en un aumento de 40,10% de casos. En cuanto al número de muertes ocasionadas por cuerpos de seguridad del Estado, en el primer semestre del año pasado se registraron 250, mientras que durante este mismo período en 2020 se reportaron 377 muertes, incrementándose, entonces, en 50,80%.

Hechos

En cuanto a la distribución de hechos violentos por municipio, se destaca que Maracaibo, San Francisco, Cabimas y La Cañada de Urdaneta presentaron los números más elevados de presunta violencia policial. Así, en Maracaibo tuvieron lugar 119 hechos violentos (45,59%), en San Francisco 33 (12,64%), en Cabimas 22 (8,43%) y en La Cañada de Urdaneta 19 (7,28%). Por su parte, en Baralt, Colón y Jesús Enrique Lossada ocurrieron 10 hechos violentos cada uno entre enero y junio de 2020.

En específico, 8 de los 21 municipios del Zulia superaron la barrera de 10 muertes por violencia policial en el primer semestre de 2020, siendo Maracaibo el que verificó el mayor número de muertes: 158 (41,91%). En San Francisco se produjeron 42 muertes (11,14%); en Cabimas 37 (9,81%); en Colón 25 (6,63%); en La Cañada de Urdaneta 24 (6,37%); en Jesús Enrique Lossada 15 (3,98%); en Baralt 14 (3,71%); y en Miranda 11 (2,92%). Se destaca que los únicos dos municipios que no presentaron muertes por violencia policial durante el período reportado fueron Almirante Padilla y Francisco Javier Pulgar.

"Uso excesivo de la fuerza pública"

En el boletín de julio, Codhez destaca que una de las obligaciones básicas del Estado venezolano es el respeto al derecho a la vida. Por consiguiente, cuando el Estado conoce casos en los cuales la vida de las personas se encuentre amenazada, y existan patrones irregulares por parte de sus órganos de seguridad, debe intensificar sus acciones de respeto y garantía, y determinar con precisión el límite del uso de la fuerza pública.

En el boletín de Codhez se destaca que en los 262 hechos de supuesta violencia policial registrados hasta junio de 2020, la mayoría calificados como presuntos enfrentamientos por las autoridades, no falleció ningún funcionario de seguridad. En consideración a sus características, habrían sido consecuencia del uso excesivo e injustificado de la fuerza pública.

De acuerdo con el registro, el mayor número de muertes es imputable a cuerpos de seguridad adscritos al gobierno nacional: 191 (50,66% de los casos de período enero-junio). Por su parte, los cuerpos de seguridad regionales dieron muerte a 122 personas (32,36%). Entre tanto, las policías municipales ocasionaron la muerte de 43 personas (11,41%). Asimismo, en acciones conjuntas de comisiones mixtas se dio muerte a 14 personas (3,71%). En los casos de 7 personas no se identificó el cuerpo policial responsable de la muerte. De forma individual, los cuerpos de seguridad nacionales que provocaron mayor número de muertes por violencia policial en el Zulia fueron las FAES con 67 (17,77%), el CICPC con 54 (14,32%), y el CONAS con 33 (8,75%).

En el caso de los cuerpos de seguridad regionales, el SIPEZ dio muerte a 88 personas (23,34%), el CPBEZ a 17 (4,51%), y el ERE a 16 (4,24%). Entre tanto, los cuerpos de seguridad municipales que provocaron más muertes fueron Poliurdaneta con 10 (2,65%), Polimiranda con 3 (0,80%), y Policabimas con 3 (0,80%). Se destaca que la GNB dio muerte a 18 personas (4,77%), el Grupo Canino a 14 (3,71%), y comisiones mixtas a 14 (3,71%). Por su parte, la Mancomunidad policial del área metropolitana de Maracaibo ocasionó la muerte de 8 personas (2,12%).

Caso Isla de Toas

Pese a estar fuera del lapso de estudio de boletín de Codhez, la organización no gubernamental destaca el caso del asesinato de Joe Luis Albornoz, joven de 18 años de edad que murió por disparos efectuados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de acuerdo a los testigos presentes en el lugar de los hechos.

El joven se encontraba protestando porque guardacostas y funcionarios de la GNB se negaban a permitir la venta de gasolina que había llegado a la zona. Este suceso tuvo lugar en el municipio Almirante Padilla, uno de los dos municipios que no había presentado muertes por violencia policial en el primer semestre del año. Hasta la fecha no se conocen mayores detalles sobre investigaciones que se lleven sobre este caso, ni un pronunciamiento público de las autoridades.

Zulia con más muertes de personal de salud

Por otra parte, como se ha destacado en los otros boletines publicados por Codhez este año, se hace seguimiento a la crisis del funcionamiento del sistema público nacional de salud en el marco de la pandemia por Covid-19. Al respecto, persisten las fallas en infraestructura, insumos e implementos sanitarios, evidenciándose la reiterada omisión del Estado venezolano en el cumplimiento de su obligación de garantizar el derecho a la salud y el acceso de calidad a servicios de asistencia sanitaria de la región.

En el Zulia para finales de julio el número de casos reportado por las autoridades fue de 3.149, es decir, 204,84 % más que los acumulados hasta junio (1.033), y 52 personas fallecidas, aunque sin incluir las muertes de personal sanitario como consecuencia de la enfermedad. Para Codhez esta situación llama particularmente la atención, pues queda evidenciado que las medidas implementadas en el marco del Estado de Alarma y la denominada cuarentena radical no han sido efectivas para reducir el número de contagios.

Sobre la situación del personal sanitario, hasta julio se reportó en la región zuliana el fallecimiento de 18 médicos, dos enfermeras y un instrumentista quirúrgico, de un total de 34 trabajadores de la salud fallecidos en Venezuela por Covid-19, convirtiendo al Zulia en la región con mayor número de casos de este tipo.

Consideraciones finales

Como consideraciones finales del boletín del mes de julio, Codhez destaca que el aumento de la violencia policial por uso excesivo de la fuerza pública no se trata de hechos aislados, sino que forman parte de “un proceso continuo, constante y creciente de muertes imputables a las fuerzas de seguridad, lo que determina una sistemática violación del derecho a la vida”.

Para Codhez es urgente el diseño y la implementación de políticas de seguridad por parte del Estado venezolano en correspondencia a las normas constitucionales e internacionales sobre las limitaciones al uso de la fuerza pública, con reforzamiento de los mecanismos de adiestramiento y capacitación para funcionarios policiales y militares.

Además, Codhez reitera la obligación del Estado de asumir una actitud proactiva en lo concerniente a las investigaciones de estas muertes, de forma independiente, exhaustiva, imparcial y transparente con el objeto de determinar las responsabilidades penales de quienes resulten culpables. Esta es una deuda que mantiene el Estado con miles de víctimas que aún no encuentran explicación sobre los hechos que originaron el fallecimiento de sus familiares.