Codhez: Muertes por violencia policial se redujeron 52,63 % en Zulia en un año

Durante el año 2022, en el Zulia se registraron 108 presuntas ejecuciones extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas en el contexto de 88 hechos de violencia con la intervención de órganos de seguridad del Estado venezolano (nacionales, estadales y municipales), de acuerdo con lo documentado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en su más reciente boletín Situación General de los Derechos Humanos en el Zulia: Muertes por violencia policial – segundo semestre 2022.

A la vuelta de un año, estas cifras muestran una disminución de 52,63% en cuanto al número de muertes, y de 50,56% respecto al número de hechos violentos ocurridos. Esto en comparación con los índices documentados por Codhez en 2021, cuando se reportaron 228 muertes como consecuencia de 178 acciones de violencia policial.

Hechos de violencia policial en descenso durante 2022

Además de la reducción anotada entre los datos reportados entre 2021 y 2022, se ha verificado una tendencia a la disminución de las cifras a lo largo de los últimos 12 meses.

Por ejemplo, para el primer semestre de 2022 se contabilizaron 64 hechos violentos producidos por acciones policiales, tras los que resultaron 80 presuntas muertes potencialmente ilícitas en el Zulia. Por otro lado, para la segunda mitad del año Codhez monitoreó 24 hechos violentos, al tiempo que se registraron 28 posibles ejecuciones extrajudiciales.

De esta manera, se verifica una reducción de 65% en la cantidad de muertes producto de la violencia policial registradas entre el primer y el segundo semestre de 2022. Además, también se redujo en 62,5% la cantidad de hechos de violencia policial verificados en el mismo lapso.

Sobre estos números, Codhez precisa que se toman en cuenta a través de los sucesos conocidos y publicados por los medios de comunicación que monitorea la organización. “Se trata de cifras que no son invariables, por el contrario, se estima la existencia de casos que por diversas razones (miedo, intimidación, amenazas, entre otras), no son denunciados ni visibilizados”, advierte.

Maracaibo y San Francisco con más ejecuciones extrajudiciales

Al igual que en la primera mitad del año, los municipios Maracaibo y San Francisco se ubican nuevamente al frente en la lista de mayor número de presuntas ejecuciones extrajudiciales registradas por semestre. Así, en el período julio – diciembre 2022, San Francisco reportó siete personas fallecidas (25% de los casos en el Zulia) y Maracaibo otras cinco muertes (17,86%).

En cuanto a la letalidad de las fuerzas de seguridad, para el segundo semestre de 2022 destacaron las denominadas Comisiones Mixtas, a quienes se le imputa la muerte de seis personas.

Por su parte, el órgano de seguridad adscrito al gobierno nacional que registró un mayor número de fallecimientos por presunta violencia policial fue el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas): cuatro personas muertas (14,29%). Mientras que el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), adscrito al gobierno regional, ocasionó la muerte de otras cuatro personas (14,29%).

Uso excesivo de la fuerza pública

Como explica Codhez en su estudio, las ejecuciones extrajudiciales implican la muerte de personas por acciones u omisiones de órganos de seguridad estatales. Se trata de muertes como consecuencia del uso excesivo o abusivo de la fuerza pública por parte de los órganos de seguridad del Estado.

En este sentido, aunque existen cifras en descenso, estos casos atentan contra el derecho a la vida, un requisito básico para el ejercicio del resto de los derechos humanos.

La asociación civil zuliana afirma que, aunque los órganos detentan la función para enfrentar ciertas situaciones que requieren de forma excepcional la aplicación de medidas extremas para mantener el orden y hacer cumplir la ley, “ello no justifica bajo ninguna circunstancia que se incurra en acciones que arrebaten de forma arbitraria la vida de una persona”.

Urgen garantías para la vida

Codhez reitera la necesidad de que el Estado asuma sus responsabilidades en cuanto a la formación ética, integral y ajustada al Estado de derecho de sus funcionarios, con incentivo en la rectitud y observancia de los valores humanos y respeto a los derechos fundamentales.

Además, recuerda que el Estado está en la obligación constitucional e internacional de emprender las investigaciones que conduzcan a la determinación de responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de estas muertes potencialmente ilícitas, que sean sometidos a juicios regidos por el principio del debido proceso, que reciban sentencias justas, que sean castigados de forma ejemplarizante pero apegada a la norma, y que las víctimas sean reparadas por los daños causados a sus derechos y bienes.

El objetivo de todo ello, afirma la asociación civil, es “lograr cifras ceros en estas violaciones de derechos humanos y luchar contra la impunidad”.