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Afiuni pide libertad plena tras haber cumplido pena máxima

Tras haber cumplido la pena máxima de siete años, María Lourdes Afiuni, exigió al Tribunal de Juicio a cargo de Manuel Bognano, su libertad plena. La jueza fue acusada por  dejar en libertad al empresario Eligio Cedeño.

Según reseñó El Universal, el magistrado Bognano continúo la audiencia sin la presencia de testigos, situación que aprovechó Afiuni para tomar la palabra y solicitar que se levantarán las medidas cautelares que pesan en su contra -prohibición de salida del país, de hablar a los medios nacionales e internacionales, escribir en las redes sociales Twitter y Facebook y presentación ante Tribunales-  y se decretara su libertad plena.

La abogada de la defensa, Thelma Fernández, explicó que el pasado 10 de diciembre se cumplieron 7 años del momento en que María Lourdes Afiuni fue  privada de su libertad, “con lo cual se cumplía la pena máxima prevista para el delito más grave que le fue imputado, vale decir, corrupción propia, cuya pena es de 3 a 7 años”.

Según Fernández, Afiuni calificó como “grave y escandaloso” el hecho de seguir manteniendo un juicio donde la parte acusadora “no ha presentado pruebas contundentes sobre el caso”.

Indicó la abogada, quien comparte la defensa con José Amalio Graterol, que el magistrado Bognano “acordó decidir lo conducente en la próxima audiencia de juicio la cual quedó pautada para el día 18 de enero de 2017 a las 10:00 am.‎ Esta vez no se contó con la presencia de observador internacional”.

Afiuni fue privada de libertad en 2009 y acusada por los supuestos delitos de comisión de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir por ordenar la libertad condicional de Eligio Cedeño, siguiendo la orden del Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.

Desde  2013 se encuentra en libertad condicional y también sometida a un juicio disciplinario para destituirla de su cargo como Juez Titular.  El fallecido presidente Hugo Chávez pidió para ella una sentencia de 30 años, la máxima pena contemplada en las leyes venezolanas.

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