A dos años del asesinato de Óscar Pérez se afianza la tesis de la ejecución extrajudicial
El 15 de enero de 2018 ocurrió el asesinato de Óscar Pérez, un ex funcionario de la policía científica que se rebeló en contra el gobierno Nicolás Maduro.Ese día, alrededor de 500 integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado tomaron los alrededores de una quinta ubicada en la urbanización El Araguaney, en el kilómetro 16 de El Junquito. El régimen había activado la Operación Gedeón, que tenía como objetivo liquidar a un grupo que calificó como terrorista.
Uno de los aspectos que marcó la ejecución fue que el ex policía difundió a través de las redes sociales los intentos fallidos de negociación y los intensos ataques por parte de los agentes del Gobierno.
Óscar Pérez, en un momento, mostró, en un video en el que aparece con el rostro ensangrentado, su disposición de entregarse a cambio de que cesaran las ráfagas de disparos. Los venezolanos siguieron minuto a minuto al ex inspector del Cicpc que se había convertido en una figura tras rebelarse contra el régimen luego de su primera aparición durante la protestas de 2017.
Durante el operativo, Pérez también envió un mensaje por Instagram a sus hijos: «Sebastián, Santiago, Dereck… saben que hemos hecho esto es por ustedes, por todos los niños de Venezuela. Espero verlos muy pronto, los amo hijos, los amo».
Queremos entregarnos y no nos dejan. Tienen órdenes de matarnos», dijo después, cuando se intensificaron los tiros. A continuación, los funcionarios con un lanzagranadas atacaron el lugar donde se encontraba Óscar Pérez, y dejaron en ruinas la vivienda.
Casi un día después, Néstor Reverol, ministro de Interior Justicia y Paz para el momento, reveló que Pérez y otros 6 miembros de su movimiento fueron eliminados y otros 8 integrantes detenidos. También aseguró que 2 policías murieron en el operativo, que duró 10 horas.
Entre las personas fallecidas en ese suceso estaban los aliados de Pérez: Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos. Además, murieron dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y el líder del colectivo Tres Raíces, Heiker Vásquez.
Una mujer, posteriormente identificada como Lisbeth Ramírez Mantilla, también fue asesinada.
La entrega de los cadáveres
La entrega del cadáver estuvo llena de irregularidades. Los familiares de Pérez solo pudieron ver el cuerpo cuando lo ingresaron a la morgue de Bello Monte para su identificación. Todos los cuerpos fueron entregados al día siguiente de la masacre. Sin embargo, el procedimiento no fue el mismo para el ex inspector.
Algunas fuentes indicaron que las autoridades pretendían cremar el cuerpo sin consentimiento de sus familiares, incluso enterrarlo en el punto más alto del Cementerio del Este sin que sus allegados se enteraran, al igual que a Pimentel y a Agostini. No fue sino hasta el 21 de enero, seis días después de su muerte, cuando Pérez fue sepultado en presencia de su tía y su prima.
La primera aparición
El 27 de junio de 2017, Pérez sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia en un helicóptero del ente de seguridad al que pertenecía mientras sostenía un cartel con las palabras «Artículo 350. Libertad». Durante la acción propinó varios disparos hacia la sede del Poder Judicial. Posteriormente, acechó el Palacio de Miraflores, lo que alertó a las autoridades.
Pero logró esquivar a los cuerpos policiales e intervenir en las protestas; hacía presentaciones públicas elocuentes y el Gobierno no pudo capturarlo. Incluso las autoridades hallaron el helicóptero que usó para su hazaña, pero Pérez permaneció en Caracas para impulsar las actividades de calle. Dirigió la que se conoció como Operación Génesis.
En los siguientes meses, publicó sus acciones y daba mensajes de apoyo dirigidos a las personas que permanecían manifestando en las calles. Afirmaba que Nicolás Maduro no debía permanecer más tiempo en el poder.
Maduro, tu poder se acabó. Ahora el poder es del pueblo», «Estaremos allí defendiendo a nuestro pueblo contra los esbirros», «La tiranía se combate con fuego, estamos en guerra contra el ilegítimo gobierno», fueron algunas sus declaraciones.
Incluso aseguró que estaba vinculado con la incursión de un comando militar en el Fuerte Paramacay, ubicado en San Pedro de los Altos del estado Miranda, donde habría robado las armas que se encontraban en ese recinto. Grabó y divulgó en las redes sociales este asalto, mientras hacía un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que cumpliera con el artículo 328 de la Constitución.
Reacciones
Los dirigentes opositores rechazaron la masacre ocurrida en El Junquito, catalogándola como una ejecución extrajudicial. La Asamblea Nacional asumió los gastos funerarios y el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio denunció la medida ejecutada por el régimen.
De la misma manera, organizaciones internacionales denunciaron una violación a los derechos humanos. Además, la periodista Alba Cecilia Mujica fue despedida de Globovisión por hablar sobre el operativo en el que ultimaron a Óscar Pérez.
