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VOA: Expertos cuestionan efectividad de la comisión de la “revolución judicial”

Especialistas coinciden en que una de las principales fallas del poder judicial radica en que, actualmente, más de 85% de los jueces ocupan cargos de carácter provisional, mientras que el hacinamiento carcelario asciende al 325% en los centros de detención preventiva del país

Expertos han comenzado a expresar sus dudas en torno a la efectividad de la comisión especial encargada de llevar adelante una supuesta “revolución judicial”, cuyas autoridades aseguran que acabaran con los hacinamientos carcelarios y el retardo procesal en 60 días.

La Voz de América consultó al abogado penalista Joel García, defensor de varios presos políticos, quien expresó poca confianza en que la medida solucione el problema de fondo del sistema de justicia venezolano.

“Se está haciendo una puesta en escena, un cambio de narrativa para hacer ver de que en Venezuela hay intenciones de hacer justicia, y de perseguir, investigar y sancionar a todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad, y por supuesto, uno de los graves problemas de Venezuela radica en el sistema de justicia, precisamente en esos tribunales los jueces han coparticipado de delitos de lesa humanidad”, apuntó García.

“Insólita puesta en marcha”

Asimismo, el integrante de la organización denominada “mesa social de Caracas”, Adnan El Asmar, integrada por varios gremios, consideró como insólita la puesta en marcha de la comisión. “Cuando vemos que este presidente nombra (en) la comisión de reestructuración a un señor que está requerido por la justicia internacional, acusado por narcotráfico ¿qué justicia puede haber en el país? Decepción total”.

Ambos especialistas coinciden en que una de las principales fallas del poder judicial radica en que, aunque la Constitución establece que la carrera judicial debe hacerse a través de concursos de oposición públicos, actualmente, más de 85% de los jueces ocupan cargos de carácter provisional.

Otro problema grave, el hacinamiento, quedó registrado en el informe anual 2020 de la ONG una Ventana a la Libertad, que señaló que este problema alcanzó el 325% en los centros de detención preventiva del país.

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