Vinculan al ELN y al Clan del Golfo con contrabando de gasolina en la frontera

Las autoridades policiales, militares y judiciales de Colombia prevén activar la próxima semana el Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos (CIC2H) para combatir a las mafias del contrabando de gasolina en la frontera con Venezuela, el cual vincula al Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Minas, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares, la Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional.

El operativo integrado nace en respuesta al ataque del que fueron víctimas dos policías, en Maicao, en un hecho en el que los agentes trasladaban un camión cargado de combustible proveniente del estado Zulia, Venezuela. Por este hecho, las autoridades ofrecieron recompensa por información que permita ubicar a 15 personas que aparecen en vídeos atacando a los agentes.

Un menor de edad fue capturado acusado de lanzar la bomba incendiaria contra el camión policial.

En los 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela diariamente, según un reportaje del Espectador, se mueve un negocio ilegal que, aunque resulta ser muy lucrativo para muchos habitantes del norte y oriente del país, desangra poco a poco la economía de ambas naciones.

Las grandes mafias dedicadas a este tipo de negocio buscan contactos especialmente en el estado de Zulia o en las provincias de La Paz, Concepción y Santa Cruz de Mara, para poder adquirir el combustible. Un galón de gasolina en Venezuela puede costar entre 800 y 900 pesos y al llegar a Colombia su precio se incrementa de acuerdo con el sitio en donde sea distribuido.

En el departamento de La Guajira un galón puede costar 3.600 pesos, en Norte de Santander tiene un valor de 5.500 pesos y en Cesar de 6.500.

Según una investigación de El Espectador, una vez adquirido el combustible es transportado a la frontera, generalmente en horas de la noche y en camiones de carga para evitar controles de las autoridades. Al llegar a su destino, se almacena en casas o bodegas que permitan su fácil movilización y distribución. Estos lugares son conocidos como centros de acopio y la mayoría de ellos están en los municipios de Maicao, Cuestecitas (La Guajira), Tibú, Cúcuta (Norte de Santander), entre otros.

Las mafias se ubican en áreas tradicionalmente afectadas o catalogadas como zonas del contrabando, especialmente municipios de alto riesgo, vulnerables y ubicados en pasos fronterizos. Allí surgen unas especies de capos o de patrones que se han venido posesionando y que se hicieron contrabandistas porque se apoderaron y adquirieron el dominio de unas rutas clandestinas, aseguró al Espectador el general Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera.

Además, al ser almacenado de manera irregular, este combustible se convierte en un peligro para la comunidad aledaña a estos centros de acopio.

Según las autoridades, una sola banda dedicada al contrabando de hidrocarburos puede llegar a movilizar cerca de 20.000 galones de combustible de manera ilegal al mes, lo que significa que al año se moverían cerca de 240.000 galones. “Esas grandes mafias tienen conexiones con grupos al margen de la ley. Alias la Patrona (recientemente capturada) tenía conexiones y “el permiso” del ELN, porque el negocio es de ellos. En Norte de Santander lo tienen el Clan del Golfo y los grupos organizados. Y en La Guajira las mafias que operan sobre la frontera y los grupos de algunas comunidades indígenas, que son los que hacen protección allí”, agregó el general Buitrago al citado.

Pero estas no son las únicas consecuencias de esta actividad ilícita. A nivel social, el contrabando de hidrocarburos también significa problemáticas como homicidios selectivos, delincuencia común, hurtos, riñas, entre otros, reseña el periódico colombiano.

Uno de los hechos más recientes de este tipo tiene que ver con el ataque a varios uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera en Maicao (La Guajira) por parte de contrabandistas que incendiaron el camión en que se movilizaban los uniformados con gasolina decomisada. El atentado, ocurrido el pasado domingo 25 de noviembre, dejó a dos patrulleros gravemente heridos y se anunció una recompensa de 20 millones de pesos a quien dé información para dar con los responsables del ataque.