Subasta de Citgo: Venezuela perdería activo en EE. UU. de 13 mil millones de dólares

Como si se tratase de un botín de guerra.

La pérdida del complejo refinador Citgo Petroleum Corporation, integrado por las plantas de Corpus Christi, Lemont y Lake Charles, con capacidad de procesar hasta 769.000 barriles de petróleo por día y una capacidad de almacenamiento de 23 millones de barriles, es una realidad con rostro de tragedia que afecta a nuestra nación, principalmente a esa versión que millares de venezolanos imaginan levantándose en favor de próximas generaciones.

El anunció del Departamento del Tesoro el pasado 1 de mayo sobre su decisión de no tomar medidas coercitivas para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre las acciones de PDV Holding, filial de Petróleos de Venezuela, generó la inmediata reacción del gobierno de Nicolás Maduro, quien calificó esta posición del Gobierno de Joe Biden como un descarado “robo” y una burla a la conferencia internacional que se realizó en Bogotá el 25 de abril, en la cual los países participantes pidieron el levantamiento de las sanciones impuestas contra Venezuela.

“Repudiamos el robo de la empresa Citgo por parte del Gobierno de Estados Unidos y por parte de la Plataforma Unitaria de Venezuela", comentó. ·Se trata de “un robo descarado de una empresa estimada en más de 8.000 millones de dólares, con más de 10.000 bombas de gasolina en Estados Unidos, un robo descarado de una empresa que da anualmente más de 1.000 millones de dólares, el Gobierno de Estados Unidos toma esta decisión repudiable contra el pueblo de Venezuela y la soberanía de Venezuela y todos debemos rechazarla", comentó.

A a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), el Departamento de Estado emitió la licencia general número 42, con la que autorizaría, según Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, a exdiputados pertenecientes a la directiva del Parlamento del periodo 2016-2021, a realizar “ciertas transacciones” relacionadas con negociaciones de deuda del Gobierno de Venezuela, Pdvsa o cualquier entidad donde la República posea una participación igual o superior al 50%.

Disputa judicial

En entrevista para VTPI, José Guerra, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), aseguró, de entrada, que “Citgo no se ha perdido” porque estuvo protegida por el gobierno de Estados Unidos con una licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. “Si no ya se hubiese perdido desde 2018, porque desde 2017, Nicolás Maduro decretó de manera unilateral en noviembre de ese año, la cesación de pagos de la deuda venezolana. Y eso “activó” a los acreedores a exigir su pago, “y de ahí vinieron las demandas”, afirmó.

Citgo, con sede en Houston, es el séptimo refinador más grande de Estados Unidos y, de acuerdo con Reuters, reportó una ganancia récord de 2.800 millones de dólares el año pasado y podría valorarse no en 8000 sino en 13.000 millones de dólares.

En este momento, según Guerra, quien aclara que no forma parte de ninguna comisión negociadora, se realiza un esfuerzo “muy importante por entrar en conversaciones con los acreedores, para usar recursos ya disponibles en el flujo de caja de Citgo”, y buscar un arreglo que permita salvar la compañía.

Hoy para que el Departamento del Tesoro para completar cualquier venta el Departamento del Tesoro debe emitir una licencia.

Robert Pincus, funcionario designado por el tribunal que se reunió con el Departamento de Justicia y el Tesoro, siempre según la agencia Reuter, instó a la corte a actuar con rapidez “para aprovechar el desempeño financiero y operativo reciente de Citgo y el estado actual de la industria de refinación”.

Responsabilidades

De acuerdo con Horacio Medina, exgerente de Pdvsa, el gobierno “usurpador” de Maduro obligó a Citgo a endeudarse para que le entregara un dividendo ficticio de 2200 millones de dólares (US$ 2200) y permitiera comprar volúmenes de petróleo no justificados, para enviar dinero a su gobierno. “Chávez y Maduro son responsables de una serie de demandas ante los tribunales de Estados Unidos”, recuerda en un artículo de opinión.

La petrolera ConocoPhillips reclama compensación por mil doscientos millones de dólares (US$ 1200) por la expropiación de sus derechos de producción en el campo Corocoro y la empresa minera Crystallex quebró y vendió sus derechos a un fondo de inversiones, que demandó por 990 millones de dólares. Otra demanda importante es la de portadores de Bonos 2020, por unos mil novecientos veintisiete millones de dólares (US$ 1927), que fueron emitidos ilegalmente al no ser aprobados por la Asamblea Nacional del 2015 y respaldados por el 50,1 por ciento de Citgo Holding.

Una demanda de mayor magnitud es la que reclama ConocoPhillips por la expropiación de sus derechos en la Faja del Orinoco, 8500 millones de dólares. Pincus propuso iniciar el proceso de venta el 5 de septiembre. La corte contrató al banquero de inversiones Evercore para evaluar la demanda del mercado y realizar la venta.

“El Poder Judicial tomó hace mucho tiempo una decisión en el caso de Crystallex, una demanda contra Venezuela por expropiación de Hugo Chávez, y estás personas piden que el pago venga contra el activo principal que Venezuela tiene en el exterior, Citgo (…) La sentencia no se cumple porque el gobierno federal pone una prohibición de enajenar esas acciones, de mover y tocar de Citgo e protección de ese activo, porque  para el futuro y reconstrucción de Venezuela, debe ser importante”, explica el analista político Pedro Mario Burelli.

“Va a venir una confusión jurídica (…) empieza un proceso judicial bastante complicado”, remata.