Laura Louza a VERSIÓN FINAL: “Sentencias del TSJ le dieron auge a la AN”

El estado de Derecho, la democracia y la constitucionalidad son los grandes ausentes en Venezuela y así lo afirma Laura Louza, abogada, profesora en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y coordinadora de la ONG Acceso a la Justicia. Para Louza, emitir las sentencias N° 155 y 156 mostró la peor cara del Gobierno y la medida le garantizó un auge a la Asamblea Nacional (AN) pues “quedó más que demostrado a nivel internacional que en Venezuela no existe democracia”.

Sobre las declaraciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz consideró que no hubo motivos para que sus palabras fueran un montaje del Ejecutivo pues “no hubo nada que ganar, más bien se perdió mucho del lado del Gobierno y en caso de haber sido un montaje fue muy malo y las consecuencias han sido pésimas”, sostuvo.

—Diputados opositores fueron agredidos por colectivos mientras exigían la restitución del hilo constitucional, al tiempo que Tarek William Sabb declaraba que no hay ruptura de la constitución y afirmaba una separación de poderes. ¿Cómo interpreta usted este suceso?  Los colectivos en teoría son grupos privados por lo que simplemente hay una inseguridad importante y pareciera que los órganos públicos no están al tanto de esa inseguridad y ocurren este tipo de agresiones frente a instituciones que deberían resguardar. Obviamente la Defensoría del Pueblo no es el órgano competente para esto, pero sí es muy grave que frente a una institución pública de ese nivel ocurra algo tan grave como eso y sobre todo que no hayan respuestas. Sobre la separación de poderes, cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) corrige una sentencia luego de un exhorto del jefe de Estado y del vicepresidente, queda demostrado que tal separación ficticia.

—¿Cuál considera que fue el efecto generado por la sentencia emitida por el TSJ y su anulación?  El efecto fue que quedó claro lo que desde hace tiempo está sucediendo que en Venezuela no hay Estado de Derecho y no hay democracia, porque el TSJ lo que ha ido es disolviendo la Asamblea de a poco y quitándole sus funciones y atribuyéndose él y al Ejecutivo esas funciones. La sentencia 156 dejó eso claro, la anterior sentencia lo que hizo fue dejar claro que para el TSJ no hay inmunidad parlamentaria.

—El TSJ reculó las sentencias. ¿Salió ganando la Asamblea Nacional o sigue anulado el Parlamento?  Tenemos más de 50 sentencias del año pasado y de este año que anulan las funciones del parlamento, de hecho, lo que ha dicho el TSJ es que todo lo que haga el parlamento, desde que decidió que había desacato, es nulo. La sentencia más importante es la 808 que anula lo que haga y lo que ha hecho la AN, pero como esta ha venido actuando, pese al hecho de nulidad, el TSJ vuelve a anular y aclarar que están en desacato. En todo caso, lo que era muy claro es la usurpación de poderes y la desaparición del Parlamento, con estas últimas sentencias, pero en la práctica el Parlamento sigue atado de manos y usurpadas o eliminadas sus funciones.

—¿Se debe revertir o anular la designación de los magistrados de la Sala Constitucional ante este hecho o las declaraciones del Defensor del Pueblo imposibilitan la destitución?  Ya la Asamblea trató de revertir la designación de esos magistrados, pero el TSJ dijo que eso no aplicaba, es decir, desconoció la acción legislativa y son precisamente los magistrados de la Sala Constitucional los involucrados en esta aberración jurídica, tres de ellos, para ser más precisos, fueron parte de esa decisión. Se está analizando ahora la destitución de esos magistrados, sin embargo, las incongruencias del Defensor del Pueblo y el énfasis de la Fiscal General de la ruptura del orden constitucional, son elementos que hay que analizar y sobre esa interpretación ver lo que al final ocurrirá. Seguimos en incertidumbre hasta tanto no se termine de aceptar la autonomía de poderes y se haga un ejercicio de correcta interpretación del texto constitucional.

¿Qué lectura le da a las declaraciones de la scal general Luisa Ortega Díaz? ¿Fue un montaje del Gobierno o hubo separación de poderes?  A mí no me consta que haya habido un montaje del Gobierno, pareciera que ella consideró de verdad, por la reacción del Presidente de la República, que hubo una ruptura del hilo constitucional. Por otro lado, el Gobierno no ganaba nada con un montaje así. Estimo, más bien, que se perdió mucho del lado del Gobierno, pareciera que de verdad fue sincera la Fiscal en cuanto a lo que dijo y el Ejecutivo no está contento. Las consecuencias han sido tan graves que no puede verse esta circunstancia como un montaje y si al final lo fue estuvo muy mal montado y las consecuencias han sido pésimas, fundamentalmente para un Gobierno que se ha dedicado a neutralizar al Parlamento y con esta acción no ha hecho sino fortalecer al poder legislativo.

—¿Considera usted que deben revisarse las atribuciones de la Sala Constitucional? ¿La Sala Constitucional está por encima del TSJ y de los demás poderes públicos? —Sí, deben revisarse, la Ley Orgánica del TSJ le con ere muchas más atribuciones que las que dice la Constitución y eso es inconstitucional, esa sala no puede actuar más allá de lo que dice la propia ley y la Constitución. Aquí lo que se evidencia es la misma historia de que cuando tienes poder, siempre quieres tener más. Pero más allá de estas revisiones, lo que hay que establecer de nuevo en el país es el respeto a la democracia, la restitución del Estado de Derecho.

—¿Hay corrupción en el sistema judicial? Bueno, dicen que sí, yo no litigo pero los abogados suelen decir que hay corrupción y hay muchas denuncias de corrupción. No lo sé, no es mi experiencia personal.

—¿Es necesario refundar el Poder Judicial? El poder judicial hay que refundarlo porque está conformado por unos magistrados que no cumplen ninguno de los requisitos constitucionales y hay jueces nombrados por esos magistrados, de manera que es inconstitucional, no sabes quiénes son y lo primero que hay que ver es quiénes están ahí, qué hacen y cómo lo hacen para luego tomar decisiones apegadas al Estado de Derecho para destituir a quienes no tienen las credenciales.

—El gremio de abogados llamó a la desobediencia civil pací ca. ¿Es necesaria? Cuando las normas, el derecho y las instituciones no funcionan la gente tiene derecho a la rebelión, lo dice la Constitución. En la medida en que el derecho no está funcionando es lo que le queda a la gente, por eso hay tantas manifestaciones diarias, no es lo ideal, pero está sucediendo desde hace tiempo.

¿Considera que la detención de Roberto Enríquez de Copei es una amenaza del Gobierno dirigida a los políticos? Los partidos políticos están sometidos a restricción inconstitucional y además están sujetos a este tipo de agresiones que son totalmente arbitrarias. Buscan enviar un mensaje de represión.