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Seguridad personal, el mayor riesgo de los periodistas en la frontera

Según denuncian los comunicadores, en las trochas entre Cúcuta (Colombia) y San Antonio (Venezuela) está prácticamente prohibido decir que se es periodista

una semana del 23 de febrero, cuando centenares de periodistas se concentraron en la frontera de Táchira con Colombia para reportar el intento fallido de ingreso de ayuda humanitaria, muchos de ellos se siguen comunicando entre sí para saber cómo sortearon el posterior cierre de los pasos binacionales o cómo les fue de regreso al país por los caminos verdes.

Según un reportaje del Instituto de Prensa y Sociedad, en las trochas entre Cúcuta (Colombia) y San Antonio (Venezuela) está prácticamente prohibido decir que se es periodista. Quienes las controlan, civiles organizados, han revisado bolsos y morrales para constatar que nadie porte cámaras, grabadoras y otros equipos del trabajo periodístico.

Un director de televisora regional a quien hallaron una cámara permaneció desaparecido durante más de tres horas el 25 de febrero.

“La principal dificultad que conseguí fue ver en riesgo nuestra seguridad personal”, dice Carolina González, jefa de redacción de El Carabobeño, quien recibió un perdigonazo durante la cobertura periodística en el puente de Ureña, aunque una moneda se interpuso entre el proyectil y su piel y el impacto no pasó de un morado.

En opinión de otros periodistas también consultados, la seguridad personal durante los enfrentamientos violentos de varios días entre fuerza pública y manifestantes en los puentes internacionales, pero también en la ida o el retorno por trochas, resultó lo más peligroso de la cobertura.

“Lo primero de regreso fue sacar todo lo que me relacionaba con el periodismo, como chaqueta, gorra, el carnet, un koala, y dejarlo en Colombia”, cuenta González.

Otro periodista de un medio venezolano, que pidió el resguardo de su identidad, explica que cada integrante de su equipo de prensa debió pagar 25.000 pesos (aproximadamente 25.000 bolívares, al cambio) por atravesar una trocha binacional.

Vivieron momentos de tensión cuando presuntos irregulares les pidieron quitarse la camisa para revisarlos, a medio camino. En algunos tramos hablar está sencillamente prohibido, por advertencia de los “trocheros”.

Otros patrones de acoso

Pero no solo hay requisas arbitrarias en los pasos informales de esta frontera históricamente tan porosa. Este mismo periodista venezolano sufrió una detención durante una hora en un puesto militar fronterizo de Venezuela, donde les quitaron los carnets de prensa para fotografiarlos y los sometieron a requisas. “Nos sentíamos prácticamente como fugitivos”, compara el reportero.

Además de las detenciones temporales por parte de fuerzas de seguridad o incluso grupos de civiles con armas de fuego, otras dificultades de la cobertura al compás de estos hechos fueron el robo de equipos de trabajo como cámaras y celulares, pero también de objetos personales como documentos, ropa o equipos antimotines.

Solo entre el 22 y 23 de febrero de 2019 la periodista tachirense Judith Valderrama confirmó 21 ataques a periodistas y gente de medios de comunicación nacionales y extranjeros.

En un trabajo titulado “Las 48 horas dantescas de la prensa en la frontera”, publicado en el Diario de Los Andes, refiere que los afectados señalan a dos tipos de victimarios: “paramilitares venezolanos” o funcionarios de organismos de seguridad. Aunque, en ocasiones, los segundos “hacían un papel cómplice” al permitirles a los primeros actos delictivos cerca de su alcance, sin enfrentarlos o detenerlos.

“La presencia de civiles armados en San Antonio del Táchira me obligó, primero, a dar muchas carreras, pero también a resguardarme y proteger los equipos”, cuenta este periodista venezolano quien pidió no ser identificado.

Su relato coincide con la crónica de la periodista Adriana Núñez Rabascall, publicada en el sitio web Prodavinci. Allí contó cómo pudo refugiarse y huir de los civiles armados en San Antonio. En paralelo, una reportera de medios internacionales expresó luego a colegas que también el 23 de febrero debió permanecer escondida durante cuatro horas en una casa de la población fronteriza de Ureña, hasta que cesó el sonido de las balas.

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