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Se avecina choque de poderes en Venezuela

Luego de la designación de una comisión para estudiar elección de magistrados del Poder Judicial expertos vaticinan un choque de poderes entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional (AN).

La comisión que fue aprobada desde la AN por la mayoría opositora, bajo la protesta del chavismo, estudiará todos los aspectos del procedimiento constitucional y legal de tales designaciones, sin embargo, la decisión final quedará a disposición del TSJ.

De encontrar irregularidades en el proceso, la comisión deberá pedir un permiso al TSJ para proceder a la nulidad de los 13 magistrados elegidos a última hora por el antiguo Parlamento con mayoría oficialista.

Para el analista Jesús Castillo Molleda, profesor de estudios políticos de la Universidad Rafael Urdaneta (URU), un choque de poderes no estaría llevando a ningún diálogo y no le hará bien ni a la AN ni al TSJ.

“Un conflicto entre la AN y el TSJ no llevará a nada, al contrario atrasaría los verdaderos intereses que es solventar la crisis económica en el país y lo que el pueblo espera verdaderamente”.

Castillo aseguró que tras este conflicto no pasará nada pues la Sala Constitucional encontrará la manera de que los magistrados solucionen las posibles irregularidades que se encuentren. “Al final de la fiesta no pasará nada porque el TSJ conseguirá la manera de solventar, lo único que incentiva este debate es el conflicto de poderes entre el Poder Judicial y Legislativo”, apuntó.

¿Pueden ser destituidos?
El politólogo Carlos Raúl Hernández calificó de inconstitucional la designación de los nuevos magistrados por parte de la Asamblea saliente por lo que considera que la oposición está en todo su derecho de estudiar e investigar el procedimiento de las designaciones y de encontrar irregularidades, disolver esa elección.

La AN deberá dictaminar si la elección se hizo bajo las normas o no, de declararse ilegal deberá solicitar la nulidad o llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para darle constitucionalidad a los magistrados”, resaltó.

Manifestó que de acuerdo con lo establecido en la Constitución, los magistrados sólo pueden ser removidos o destituidos de su cargo por una falta grave, calificada además por el Poder Ciudadano (integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General).

No obstante, Hernández sostuvo que el nuevo Parlamento podría hacer una declaratoria de nulidad de las designaciones realizadas por la Asamblea Nacional saliente, esto por considerarlas ilegales, pues a su juicio, se ha violentado la Constitución.

“La declaratoria es un acto parlamentario sin forma de ley, sin embargo, tiene la fuerza de una, pues debe ser discutida por la plenaria de la Asamblea Nacional (…) El Parlamento puede promulgarlo sin necesidad de aprobación de ninguno de los otros Poderes Públicos, no obstante podría ser impugnado por la Sala Constitucional del TSJ, es decir, los mismos magistrados decidirían si su designación es o no constitucional”.

Para el experto, lo antes expuesto supone una piedra de tranca para la nueva AN. Sobre esto, sostuvo que la bancada opositora tendría que estudiar otros mecanismos que logren que el partido de gobierno no siga teniendo el control que, a su juicio, tiene sobre los demás Poderes.

Primera reunión
El Parlamento venezolano se instaló este miércoles en la primera reunión con la comisión especial presidida por el diputado Carlos Berrizbeitia, para revisar la designación de magistrados.

Al encuentro de la comisión asistieron 13 personas: expertos en materia jurídica y decanos de facultades de derecho del país. Remarcaron la necesidad dejar sin efecto la designación exprés que concretó el chavismo de 13 magistrados principales del máximo tribunal de Venezuela, y 21 suplentes.

Además, remarcaron que 80% de los jueces del país son nombrados “a dedo”, lo que dejaría entredicha la independencia del Poder Judicial. Por lo anterior, pidieron una reforma rápida de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La academia presentó un documento en el que, luego de estudiar el procedimiento, “se determinó que hubo una violación sistemática del procedimiento constitucional”, en el nombramiento efectuado por la antigua Asamblea el pasado 23 de diciembre.

Propusieron a la Comisión de diputados que citen a los exmagistrados que solicitaron su jubilación, a los juristas electos y a los participantes de la Comisión de postulación para evaluar a fondo el procedimiento seguido.

Los académicos recomendaron al Parlamento nacional anular el proceso anterior y reanudar la selección de los magistrados del TSJ. En la instancia no hay ningún representante de la bancada de Gobierno.

Oficialismo en contra
La bancada oficialista rechazó la creación de esta Comisión por considerarla como inscontitucional. El diputado del PSUV, Hugbel Roa, aseguró que la única prioridad de la oposición desde el parlamento es derrocar al gobierno que preside Nicolás Maduro, y que se han desvelado sus intenciones al proponer la Ley de reforma del TSJ. “Acá se está develando el plan, con el paquete de leyes que ellos han propuesto, un golpe de Estado parlamentario, acaban de meter en el paquete legislativo la Ley de reforma del TSJ”.

En manos del TSJ
El abogado constitucionalista José Enrique Molina explicó que de ser anulado el nombramiento de los magistrados el TSJ deberá pronunciarse tras un permiso establecido por miembros de la Comisión.

“Si encuentran irregularidades deberán establecer una nulidad a través de los canales regulares pero la decisión final quedaría en manos del TSJ”, destacó.

En caso de que el TSJ acepte la nulidad se deberá iniciar el proceso de designación y la oposición podrá optar por incluir nuevos magistrados. “Pero es sumamente difícil que el TSJ anule la elección”, aseveró.

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