Rodríguez recibió "una cucharada de su propia medicina" de Países Bajos, según expertos
La prohibición de ingreso de la vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro a los Países Bajos para reunirse con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional es una medida en línea con acciones del poder ejecutivo de Caracas, que suele insultar y expulsar a funcionarios de otras naciones, opinan analistas consultados sobre el incidente.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez, segunda en la cadena de mando del ejecutivo venezolano, denunció el lunes que el gobierno de los Países Bajos había recurrido a “leguleyismos y estratagemas” legales para impedir su llegada a La Haya.
Según explicó, su objetivo era reunirse con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el británico Karim Khan. Ese organismo tiene su sede en esa ciudad, considerada la capital administrativa de los Países Bajos.
Un portavoz del ministerio de Exterior neerlandés dijo a la prensa europea que pospusieron la visita de Rodríguez a la sede de la CPI por “asuntos pendientes sobre la autorización de seguridad” del avión en el que iba a viajar.
Khan firmó en noviembre un memorando de entendimiento con el gobierno de Maduro donde se comprometen a colaborar para investigar posibles casos de crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela desde abril de 2017.
La reunión de Khan y Rodríguez sería el primer encuentro oficial entre el gobierno de Maduro y el despacho de Khan luego del anuncio de apertura de una investigación de la CPI en Venezuela, Estado parte del Estatuto de Roma.
La desautorización del viaje de Rodríguez a La Haya es “una cucharada de su propia medicina” para el gobierno de Nicolás Maduro, opina el analista especializado en relaciones internacionales, Juan Francisco Contreras.
Este gobierno está cosechando lo que sembró. Se jacta de la soberanía y de decidir quién entra y no, quién permanece en el territorio nacional, le están dando una cucharada de su propia medicina. Cada país tiene autonomía de decidir quién entra y quién no entra”, comentó a la Voz de América.
Prestigio "precario"
En junio de 2018, la Unión Europea anunció sanciones contra Rodríguez y otros 10 funcionarios del gobierno venezolano luego que Maduro se reeligiera en unas elecciones controvertidas y desconocidas por el bloque.
Esas sanciones suponen prohibiciones de viaje y el congelamiento de bienes contra quienes Europa considera “responsables de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela”.
Pero el gobierno de Países Bajos negó que las sanciones hayan pesado en la decisión de no autorizar el ingreso de Rodríguez. El poder ejecutivo neerlandés “ha concedido una excepción a las existentes sanciones de la UE con el único propósito de que asista a una reunión en las instalaciones de la CPI”, apuntó el portavoz que conversó con la prensa europea.
Para Contreras, el prestigio del gobierno de Maduro es “bastante precario” en el terreno internacional, entre sanciones y denuncias de violaciones de derechos.
Recuerda que Maduro decidió expulsar en febrero pasado a la representante de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilhante, tras las sanciones del bloque contra 19 funcionarios de su gobierno por los comicios legislativos de 2020.
El gobierno piensa que sus acciones no tienen consecuencia y sí las tienen. Los gobiernos de Chávez y Maduro tuvieron la práctica de insultar a funcionarios de otros países, de vejarlos. Eso es una gotica de agua que va cayendo hasta que la gente dice ‘¿hasta cuándo?’”, agregó Contreras.
Procedimientos claros
Lauren Caballero, experto en relaciones internacionales, subraya que, en principio, la delegación de un tercer Estado no debería tener impedimento alguno para ingresar al territorio de Países Bajos para diligencias ante la CPI.
“Este tipo de operaciones tienen un procedimiento que está explicado en el Acuerdo Sede. Lo normal es que la Corte notifique al gobierno del Estado anfitrión acerca de la visita de una determinada delegación que viaja a ese país con el objeto de hacer trámites en la sede de la organización”, explicó el especialista de la Universidad Central de Venezuela a la VOA.
No quedó claro en las declaraciones de Rodríguez ni las del portavoz de la cancillería de Países Bajos si se notificó del viaje con antelación, dice Caballero.
De no haber ocurrido, apunta, “como Estado soberano, Países Bajos puede denegar la entrada de aquellos elementos que considere pudieran poner en riesgo la seguridad interna, y no estaría con ello violando ningún tratado”.
Caballero recuerda que Países Bajos tiene la obligación de honrar los acuerdos internos de la Unión Europea, de la cual forma parte. Entre esos debes, insiste, está la prohibición de entrada a funcionarios sancionados por el bloque.
“Esa condición política pudiera también estar jugando allí un papel que debemos considerar”, remarca, a pesar del desmentido del portavoz.
Otro viaje de Delcy Rodríguez fue epicentro de un escándalo internacional en enero de 2020. En un viaje hacia Turquía, su avión se detuvo en el aeropuerto de Barajas, Madrid, donde se habría reunido con el ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, según informó la prensa europea.
Ábalos aseguró que no hubo tal reunión y explicó que él visitó el aeropuerto para reunirse con el entonces ministro de Turismo venezolano, hoy canciller, Félix Plasencia. El funcionario le habría pedido que saludara a Rodríguez.
“Hasta que se pasa el control de la frontera no se pisa territorio español”, dijo Ábalos a la prensa, afirmando que Rodríguez nunca descendió del avión.
