Revisión de las sentencias irrespeta la Constitución
El cotarro político sigue encendido tras las dos sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), rechazadas por la Fiscalía, enviadas a “revisar” por el Consejo Nacional de Defensa (CND) y posteriormente “revisadas” y “enmendadas” por la Sala Constitucional, actos considerados una aberración jurídica, a juicio de expertos consultados. Dos abogados y un politólogo concuerdan en que las acciones subsecuentes al momento en el cual se produce la designación de los magistrados del TSJ, por la anterior Asambla Nacional (AN), serían “nulos” por cuanto en dichas designaciones hubo violaciones a la Constitución.
“El TSJ y menos este, cuya designación de magistrados ha sido altamente cuestionada no tiene atribuciones para suprimir o revocar cualquier otro poder público y menos aún transferir atribuciones de un poder a otro, eso es una aberración”, aseveró el abogado Oswald Villalobos. “Cuarenta y seis sentencias agregó ha emitido el TSJ para atar de manos a la AN, todas ellas violatorias de la Constitución nacional”.
Coincidencialmente, el constitucionalista y doctor en Ciencias Políticas, José Enrique Molina, sostiene que la tesis del “desacato” no aplica a la AN y en tanto esa medida no sea levantada, nada resuelve el que se supriman o enmienden las sentencias 155 y 156. “Mientras el TSJ siga insistiendo en la tesis del ‘desacato’, no se está enmendando ni resolviendo nada. Las sentencias 155 y 156 no fueron sino una brutal ratificación de lo que ya se venía orquestando con la AN, de violentarla y coartarla en sus funciones”. Autogolpe ratificado El politólogo y miembro de Marea Socialista (MS) Nicmer Evans, asevero que por encima de un error jurídico en el fondo lo es el TSJ ha incurrido en reiteradas “irregularidades premeditadas”.
“Un fallo de tales proporciones, emitido por el ente ‘calificado’ para ser el intérprete último de la Constitución, como lo es la Sala Constitucional denota dos cosas: o que sus magistrados son unos incapaces, o que hay premeditación y alevosía en la ruptura del hilo constitucional para terminar de consolidar un poder totalitario”. Insiste en que no deben verse como “errores jurídicos” sino “ilícitos premeditados”, cada uno de los actos en los cuales el TSJ ha venido mermando las capacidades y atribuciones del poder legislativo.
“Las dos sentencias obedecieron a un autogolpe ratificado y la Fiscalía General de la República no se hizo cómplice de este autogolpe, he allí el pronunciamiento, sensato por demás, de la fiscal Luisa Ortega Díaz, lo cual devino en un quiebre institucional en la hegemonía que se venía orquestando para la instauración del totalitarismo”. Evans sostuvo que en el momento en el cual el TSJ “recula”, admite que hubo violación a la Constitución y ruptura del hilo constitucional. In rió que sólo puede catalogarse de “error” una equivocación no intencionada, pero cuando esta es hecha “a profeso”, no aplica el término “error”.
Lo que sí está errado El abogado Oswald Villalobos aclaró que el único ente con atribuciones para apelar una decisión de la Sala Constitucional es la Sala Penal del TSJ, y ello no ocurrió. Calificó como “falta de seriedad” la “aberración jurídica” de convocar el Consejo Nacional de Defensa (CND) para mediar un “impasse” entre dos poderes. “Una decisión de la Sala Constitucional puede apelarse en la Sala Penal del TSJ y es a través de esta que se puede sancionar o casar una sentencia.
Un juez no puede ‘enmendar’ su sentencia, eso no es procedente en términos jurídicos, lo que procede es una ‘aclaratoria’ y menos aún procede que sea el CND el que exhorte a la Sala Constitucional a ‘revisar’ una sentencia”. Del mismo modo, coincide el politólogo Evans: “El CND no tiene la facultad de generar una interpretación de la Constitución por encima de la que esgrime la Sala Constitucional, porque es la Sala Constitucional el máximo intérprete de la Carta Magna, en consecuencia, queda demostrado que no hay autonomía de poderes, que no hay Estado de Derecho y que Espese pretendió solucionar una irregularidad jurídica con otra peor y absolutamente inconstitucional”.
Manifestó que corresponde a la AN asumir su papel “porque hasta ahora han sido cómplices de estas aberraciones. Dos directivas ha tenido la AN y ninguna ha sido capaz de buscar defender y apertrechar el derecho al reestablecimiento del orden constitucional”. Estima necesario revocar a los magistrados responsables y procesarlos, tras considerar que cometieron faltas graves en ambas sentencias.
