Repudian sentencia contra la jueza María Lourdes Afiuni
Condena de la abogada, ante la ausencia de pruebas de corrupción, transgrede el principio de legalidad, según instituto de Derechos Humanos
El International Bar Association's Human Rights Institute (Ibahri) condena la sentencia de cinco años de prisión dictada contra la jueza María Lourdes Afiuni el 21 de marzo de 2019, por el delito de corrupción propia. La jueza Afiuni ha visto sus más elementales derechos humanos transgredidos tras ser arrestada arbitrariamente en 2009 y haber estado detenida durante casi una década. Este último castigo, en ausencia de evidencia en su contra, supone una gran preocupación para el Ibahri.
El instituto de Derechos Humanos ha acompañado el procedimiento penal en contra de la jueza Afiuni, mediante una observación internacional. Aquí (en inglés) se puede ver un cronograma del abuso sistemático a los derechos de la jueza Afiuni perpetrado por las autoridades venezolanas.
El trato de la jueza Afiuni es reprobable. La condena de la jueza Afiuni, ante la ausencia de pruebas de corrupción, transgrede el principio de legalidad —una norma fundamental de los derechos humanos, incorporada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos—. La transgresión de este principio también socava el estado de Derecho y la independencia del poder judicial. La persecución del poder judicial por el solo motivo de haber aplicado la ley, como es el caso de la jueza Afiuni, pone en peligro los mismos cimientos del sistema judicial. Los estados deben abstenerse de las interferencias ilegales que, en última instancia, parecen tener motivaciones políticas, comentó el copresidente del Ibahri, Michael Kirby.
En diciembre de 2009, la jueza Afiuni fue arrestada sin orden judicial y detenida bajo la acusación de haber aceptado sobornos para otorgarle la libertad condicional al banquero Eligio Cedeño, de conformidad con la Opinión N.º 10/2009 emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. El señor Cedeño había estado en prisión preventiva durante casi tres años, un plazo que incumple los parámetros internacionales y el Código de Procedimiento Penal de Venezuela, que fija un máximo de dos años. El señor Cedeño huyó del país mientras se encontraba bajo fianza.
El 21 de marzo de 2019, el juez Manuel Antonio Bognanno, no habiendo establecido que la jueza Afiuni hubiera recibido dinero, favor o ventaja alguna —un elemento necesario para el delito de corrupción en virtud de la ley venezolana—, la condenó por corrupción en el Juzgado 17 del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. De acuerdo con el abogado de la jueza Afiuni, Juan Carlos Goitía, el juez Bognanno leyó la sentencia, y no ha entregado copia de la misma.
La jueza Afiuni ha pasado casi 10 años detenida simplemente por cumplir con sus responsabilidades judiciales. Esta medida adicional, y excepcionalmente punitiva, demuestra que las autoridades de Venezuela sienten pánico ante una jueza que comprende que su función consiste en actuar con independencia de todas las presiones externas, para que quienes comparezcan frente a ella tengan confianza en que sus causas serán juzgadas de manera justa y conforme a Derecho. Por cumplir con sus deberes, la jueza Afiuni está pagando un precio personal muy alto. El Ibahri condena rotundamente la severa sentencia de este caso y exige la exoneración inmediata de la jueza Afiuni, e insta a los jueces de Venezuela y de otras jurisdicciones a clamar por su total libertad, exhortó Anne Ramberg, copresidenta de Ibahri.
