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Provea denuncia que Rocío San Miguel cumple 57 horas de "desaparición forzada"

La ONG amplió que "la desaparición forzada constituye una múltiple violación de DD. HH., que pone a las víctimas en situación de indefensión y somete a sus familiares a largos periodos de incertidumbre". La presidente de la ONG Control Ciudadano es beneficiaria de medidas de protección cautelares, tras haber ganado un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La ONG Provea denunció la tarde de este domingo que la activista en Derechos Humanos, Rocío San Miguel, cumple 58 horas detenida por el Gobierno y en "desaparición forzada", ya que se desconoce su paradero y no ha sido posible entablar contacto con ella desde el pasado viernes.

Transcurridas 57 horas desde que se conoció la detención y desaparición forzada de la abogada y activista Rocío San Miguel, por parte de agentes de seguridad, aún se desconoce su paradero y las condiciones de salud en que se encuentra, poniendo en riesgo su integridad física y psicológica", expone la organización.

Al respecto, Provea amplió que "la desaparición forzada constituye una múltiple violación de DD. HH., que pone a las víctimas en situación de indefensión y somete a sus familiares a largos periodos de incertidumbre, lo que significa en si mismo una situación de trato cruel, inhumano y degradante".

Lamentablemente, la desaparición forzada se ha convertido en una práctica recurrente en el extenso repertorio represivo de las autoridades venezolanas, ejecutada con el propósito de silenciar la crítica y cerrar el espacio cívico", reseñan.

El organismo finalizó: "Exigimos su inmediata libertad y plenas garantías de respeto a su integridad personal".

Rocío fue detenida el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, previo a su salida del país, por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Ni las autoridades venezolanas ni el Ministerio Público (MP) han emitido algún comunicado al respecto, tampoco se han especificado los motivos de su detención.

Pese a esto, extraoficialmente el Gobierno la considera involucrada dentro del caso "Brazalete Blanco", uno de los cinco planes de conspiración para presuntamente asesinar al presidente Nicolás Maduro.

La presidente de la ONG Control Ciudadano es beneficiaria de medidas de protección cautelares, tras haber ganado un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), luego de haberse visto perjudicada con la aplicación de la Lista Tascón en el año 2004.

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