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Provea consigna ante la CIDH informe sobre la crisis de salud en Venezuela

Este martes se llevó a cabo el periodo de sesiones extraordinarias número 158 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mismo que se celebró en Santiago de Chile y que contó con la participación de más de 20 representantes de los diversos países que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA).

Uno de los puntos tratados en dicha sesión fue la crisis de salud que atraviesa actualmente Venezuela y para debatir sobre ese aspecto participaron integrantes de Provea, Convite, los Centros Comunitarios de Aprendizaje por los Derechos de la Niñez y Adolescencia (CECODAP), Transparencia Venezuela, Laboratorio de Paz, Acción Solidaria, Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA), y el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), todos en representación de la sociedad civil venezolana.

Provea publicó en su sitio web parte del informe que consignaron ante la CIDH en el que se destaca la escasez de medicamentos, cifras relacionadas con el índice de mortalidad infantil, la dificultad de obtener divisas para importación de fármacos y la poca inversión en el sector salud por parte del Ejecutivo.

"Como expresión del grave trance por el que atraviesa la población venezolana en materia de salud, en 2015 Provea registró en su base de datos un total de 3.719 denuncias sobre deficiencias en el sistema sanitario, lo cual representa un aumento de 40% en relación con las registradas en el año 2014. El 52% de estas denuncias estuvieron relacionadas con los elevados niveles de desabastecimiento de medicinas, 47% con agudas carencias de dotación y equipamiento, déficit de personal, infraestructura colapsada y cierre o paralización de servicios en hospitales y ambulatorios públicos, incluyendo centros de la Misión Barrio Adentro, y 0,7% con problemáticas similares en centros de salud privados", refleja parte del informe presentado por Provea en la sesión de la CIDH.

Además, resaltan que Venezuela destina el equivalente del 4,7% de su producto interno bruto (PIB) para el sector salud, siendo esta una de las cifras más bajas de América Latina.

"El Gobierno venezolano no adoptó las medidas necesarias para enfrentar los problemática sino que, por el contrario, evadiendo el grave estado de deterioro de la salud pública y las limitadas capacidades internas para abastecer de medicinas y servicios a la población venezolana, implementó medidas administrativas y financieras regresivas y severamente adversas, en omisión de planes o de diligencias debidas para evitar que, como resultado de las mismas, se agotaran los inventarios de medicinas esenciales y se impidiera a los centros de salud ofrecer una atención mínima adecuada, poniendo en grave riesgo vidas humanas e incurriendo en abandono de sus responsabilidades con el derecho a la salud".

Luego de la intervención por parte de los representantes de la sociedad civil venezolana, el Comisionado de la CIDH Francisco Eguiguren realizó una serie de preguntas a los miembros del Estado venezolano, grupo que estuvo encabezado por la ministra de Salud Luisana Melo.

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