Proponen recuperar dinero desviado por corrupción
“Te voy a adelantar una noticia”, respondió el abogado Román Duque Corredor, al tocarle el tema de la corrupción venezolana. En conversación exclusiva con Versión Final, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia informó que la Asociación Mundial de Juristas en conjunto con un grupo de abogados venezolanos –entre ellos el zuliano Alberto Jurado– entregaron este miércoles a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), un anteproyecto de Ley de Prevención y Control contra el Lavado de Dinero, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
El instrumento legal, que respondería a las siglas CORRE, se fundamentó en modelos internacionales que van más allá de la captura de los delincuentes, pues “el problema es que castigan a la persona pero el dinero queda afuera”, explicó Duque, y agregó que la intención es recuperar los recursos que fueron desviados y reinvertirlos en servicios sociales.
La ley contaría con una superintendencia, “una especie de policía financiera, para investigar los negocios de las personas que teniendo grandes capitales en el extranjero no puedan justificar sus orígenes, principalmente cuando son capitales públicos y tienen deudas externas”, explicaba Duque.
“La superintendencia hará seguimiento, y en cooperación con otros países establecer una recuperación, porque ¿cuál es el problema del lavado de dinero? No es que se castigue a quien lo cometió, si no que los capitales que han sido arrebatados del país, ¿por qué no los regresan al país?”, se preguntó el experto en leyes.
Reembolso
Duque también adelantó que la propuesta de ley prevé un “fondo de recuperación”, en cooperación con los países donde haya caído el dinero. Colocó el ejemplo con las denuncias de los bancos de Andorra, “hay capital de funcionarios venezolanos que en base a negociaciones por terceras personas, tienen depositado dinero en Andorra, (…) La idea es crear un mecanismo internacional para poder solicitarle al juez de Andorra que nos reintegre al país para comprar alimentos, medicinas, seguridad, servicios públicos”.
El fondo sería autónomo, es decir, que no lo pueda manejar un solo poder, sino la integración de todos los poderes, más la sociedad.
